La directiva de La Cruz Azul celebró la resolución del Tribunal Superior capitalino mediante un comunicado
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró la nulidad de la asamblea con la que Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas intentó imponer a Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales como representantes de la Cooperativa La Cruz Azul. Con lo que se ratifica la legalidad y legitimidad de la actual directiva.
“Se constata la nulidad de la asamblea de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., así como de todos los actos y resoluciones adoptados en la misma y actos ejecutados con base en dicha asamblea”, resolvió José Manuel Salazar Uribe, juez desimosexto civil de la Ciudad de México este 1 de abril.
El juez también apercibió a Celso Pola Castillo, notario público número 244 de la Ciudad de México y número 13 del distrito judicial de Allende, Hidalgo, así como al notario público número 47 de la Ciudad de México, por haber avalado la asamblea en vía pública con la que Álvarez Cuevas intentó mantener el control de la cooperativa.
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La directiva de La Cruz Azul celebró la resolución del Tribunal Superior capitalino mediante un comunicado, en el cual destaca que, si bien Sarabia Pozo y López Morales se siguen ostentando como representantes de la cooperativa, ninguna autoridad local o federal, ni institución bancaria o empresarial los reconoce como tal.
“Queda de manifiesto una vez más que todos los actos y acciones emprendidos por los actuales consejos de Administración y Vigilancia, encabezados por Víctor Velázquez y José Marín, se encuentran en total apego a la legalidad y no han tenido otro objeto que restituir los bienes y el tejido social de esta empresa”, lee el comunicado.
También se refrendó el compromiso de la directiva por “desterrar en definitiva la corrupción” de la que se le acusa a Álvarez Cuevas. Siendo que, desde julio de 2020, se encuentra prófugo de la justicia por cargos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a más de 400 millones de pesos.
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CAB