El pasado 21 de septiembre, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, reveló que una línea de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas apunta que los estudiantes fueron incinerados en diversos lugares.
Este domingo se cumplen siete años de la desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa en hechos ocurridos en Iguala, Guerrero sin que hasta el momento se tenga certeza del paradero de los normalistas.
El pasado viernes, familiares de los estudiantes desparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro al que asistió el fiscal Alejandro Gertz Manero, reclamaron la falta de avances de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso.
El representante legal de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, comparó la investigación de la FGR con un “elefante blanco”.
“Mire, la Fiscalía General, como lo hemos apuntado y le hicimos ver al presidente de la República, no está caminando, que como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina eso le dijimos, la Fiscalía es algo parecido”, señaló.
Destacó que no se han ejecutado órdenes de aprehensión desde hace seis meses, y que 40 órdenes siguen sin poder ser ejecutadas, además de que no se ha logrado traer a México al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
El exfuncionario se encuentra en Israel, por lo que el presidente López Obrador envió una carta al primer ministro de ese país, Naftali Bennett, con el fin de lograr la extradición de Zerón, quien fue encargado de las investigaciones y es señalado por haber participado en el encubrimiento del caso a cambio de un pago que le permitió robarse más de mil millones de pesos de la extinta PGR.
El 23 de abril de este año, la FGR giró una nueva orden de aprehensión contra el extitular de la AIC, por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
La nueva orden se deriva del video difundido en julio de 2020, en el que se observa cómo Zerón interrogó y torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, uno de los principales acusados, para que apuntalara la llamada “versión histórica” en torno a que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
En el vídeo de la tortura, ‘El Cepillo’ aparece con la cara tapada, sentado y esposado. En un momento dado Zerón le espeta: “A la primera mamada que me digas, te mato güey“.
El diario estadounidense The New York Times reportó el pasado 15 de julio que el gobierno de Israel ralentiza la extradición de Tomás Zerón como una forma de “toma y daca” contra México “que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.
El gobierno de Enrique Peña nieto le dio ‘carpetazo’ al caso en 2015, con la instauración de la llamada “verdad histórica” que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
Los familiares reclamaron el pasado viernes, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no profundizara en las investigaciones sobre la participación del Ejército mexicano en los hechos.
“Del Ejército Mexicano, nosotros decimos que hay datos de prueba suficientes que indican que el Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo en términos judiciales que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al Batallón de Infantería. Estos elementos hacen presunción que se debe desplegar una investigación exhaustiva”, dijo Vidulfo Rosales frente al presidente y el fiscal.
También consideró que hay “claroscuros en el Poder Judicial”, al considerar que su criterio prioriza a los imputados y no a las víctimas.
Entre los elementos más recientes del caso, se reveló el pasado 23 de septiembre que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios a testigos del caso Ayotzinapa en 2014 y 2015, en las que se puede observar torturas por parte de funcionarios públicos.
Este material forma parte ahora del robusto expediente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta manipulación masiva y sistemática de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica” del exprocurador general, Jesús Murillo Karam.
El pasado 21 de septiembre, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, reveló que una línea de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas apunta que los estudiantes fueron incinerados en diversos lugares.
Durante su visita a la barranca de ‘La Carnicería’, en Cocula, el fiscal especial indicó que se detectaron diversos puntos de fuego controlado en los que se realizaron labores de incineración y que en los próximos días se llevarán a cabo inspecciones en dos nuevos municipios.
Gómez Trejo, acompañado del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que la siembra de evidencias e irregularidades en los procedimientos fue la constante en las investigaciones de la pasada administración, por la desaparición de los 43 normalistas. Afirmó que la bolsa con restos del río San Juan, de la llamada “verdad histórica “, fue “sembrada”.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.
“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”. Resaltó que éste es solamente uno de los resultados que se han obtenido, y se seguirán dando a conocer en la medida que se tengan derivaciones verificables y concretas.
“Hay muchas líneas de investigación, hay muchos testigos que están participando, hay victimarios participando en las declaraciones; lo mismo personas privadas de la libertad, personas en libertad o personas a las que un juez les dio la libertad y vamos a seguir trabajado con todas las personas que quieran colaborar“, expresó.
En junio, fue identificado un resto óseo del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz en la barranca de ‘La Carnicería’ de Cocula, el mismo lugar donde fueron hallados en 2020 restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
En el sexenio anterior se había afirmado que habían identificado los restos de Jhosivani Guerrero hallados en el Río San Juan, lugar en el que la entonces PGR construyó una ‘verdad histórica’.
La Fiscalía cuenta con material que demuestra el montaje de Tomás Zerón en el escenario del río San Juan. El 28 de octubre de 2014, el exfuncionario sacó de manera ilícita de los separos al señor Agustín García Reyes. Lo trasladó en helicóptero, lo torturó, y en las orillas del río lo obligó a señalar una serie de bolsas, sin que se siguieran los procedimientos que ordena la ley.
El año pasado, la Fiscalía informó de la detención de 80 personas relacionadas con los hechos, que incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público. De acuerdo con un reporte, sólo 37 personas de las más de 130 que fueron detenidas en relación con el caso continúan en prisión.
A principios de septiembre de este año, el Gobierno de México y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por su titular, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acordaron dar continuidad a los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, recordó que el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos “es mantener la participación del GIEI durante este proceso y hasta que se tengan resultados”.
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