Para que todos tengan las mismas oportunidades, es necesario garantizar el acceso universal para todos los servicios
Uno de los principales reclamos que la ciudadanía hizo evidente con la votación masiva a favor de AMLO fue la falta de piso parejo para todos. Para nadie es un secreto que en México no todos tienen las mismas oportunidades de acceder al bienestar social y no todos poseen los mismos derechos. Afortunadamente, existe la visión de que eso tiene que cambiar. Lo anterior es importante, ya que la falta de oportunidades impide la movilidad social y, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 7 de cada 10 mexicanos que nacen en familias ubicadas en la parte más baja de la distribución del ingreso a lo largo de su vida no lograrán salir de la pobreza.
Para que todos tengan las mismas oportunidades, es necesario que los tres niveles de gobierno garanticen el acceso universal para todos los servicios que ofrecen. Por ejemplo, en México, el 94.5% cuenta con agua entubada en casa o dentro de su terreno y el 75.6% está conectado a la red pública de drenaje, pero al analizar las características del servicio encontramos que sólo el 60.5% tiene un suministro constante y 35% no tiene desperdicio por fugas. Esto implica que sólo la mitad de la población está satisfecha con este servicio (53.8%).
El mismo caso con el drenaje y alcantarillado. El 93.2% de las viviendas del país cuenta con cobertura, pero sólo el 28.5% de la población menciona que se le da mantenimiento frecuente y 25.9%, que se efectúan labores de limpieza constantes. El Estado no sólo debe garantizar el pleno acceso a los servicios, sino también que estos sean de calidad. El papel de los gobiernos municipales es fundamental por ser los más cercanos a la ciudadanía. Muchos concesionan de manera total o parcial los servicios a empresas privadas, para que se hagan cargo de ellos, evadiendo el compromiso de que sean accesibles para todos.
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Esto debe cambiar. Los gobiernos deben tener una mayor participación en la prestación de los servicios públicos e, incluso, en algunos casos, recuperar la rectoría de ellos, garantizando un acceso pleno y precios justos. Para estos casos, una buena estrategia es consultar directamente a la población, realizando consultas ciudadanas para que la gente decida qué hacer con las concesionarias. En el caso de funcionar y que el servicio sea el adecuado, éstas continuarían operando; en el caso contrario, habría que retirar la concesión. Éste sería un ejercicio muy importante porque se rescataría la opinión directa de los usuarios, además, se reforzaría la democracia participativa. No es un tema de estar en contra de la concesión de los servicios, pero en la concesión se esconde la corrupción, ya que pocas de estas empresas han sido transparentes o verdaderamente han resuelto los problemas de los ciudadanos.
La solución no termina con recuperar el control de los servicios públicos. Los gobiernos deben tener el compromiso de mejorar el acceso y la calidad de estos. Para ello es necesario contar con la información adecuada y elaborar el diagnóstico correcto, priorizando la información estadística para medir la evolución de las acciones que se implementen. La igualdad de oportunidades está condicionada por la garantía en la dotación de servicios básicos a la población más desfavorecida, además de que la prestación de servicios de calidad es una condición imperativa para la erradicación efectiva de la pobreza.
Por Arturo Ávila Anaya
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