La FGR debe abstenerse de proceder penalmente contra el fiscal, hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional promovida
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, sí cuenta con inmunidad procesal, conocido como fuero, por lo que, en este momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede proceder penalmente en su contra.
En septiembre pasado, la Cámara de Diputados desechó una solicitud de desafuero de la FGR en contra de Carmona Gándara, al considerar que los fiscales estatales no tienen “inmunidad procesal penal federal”, por lo que pueden ser procesados.
Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal del país suspendió la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados hasta que se resuelva de fondo la controversia constitucional promovida en noviembre pasado por el Congreso de Morelos.
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“De una primera apreciación del acto impugnado y a reserva de lo que se resuelva en el fondo de la controversia constitucional, es posible establecer que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, por lo que su titular cuenta con la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el artículo 11 constitucional”, concluyeron por unanimidad los cinco ministros que integran la Segunda Sala de la SCJN
Este asunto inició cuando, en 2018, el Congreso de Morelos buscó destituir al fiscal Carmona, nombrado en el gobierno del perredista Graco Ramírez.
Sin embargo, éste se amparó para no ser removido del cargo. Además de señalamientos locales de diversas irregularidades en su administración, el Ministerio Público de la Federación investiga al fiscal morelense por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En diciembre de 2020, la FGR presentó una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) en contra del fiscal, acusado de no contar con evaluaciones de control de confianza al momento de su nombramiento en el Congreso estatal.
Además, por designar en Anticorrupción a Juan Salazar, quien tampoco tenía aprobados los referidos exámenes de control de confianza.
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CAB