Sheinbaum aseguró que la propuesta de impuesto a las aplicaciones de reparto no afectará a usuarios, establecimientos ni trabajadores
Al menos 250 repartidores de los servicios de entrega y reparto por apps de la Ciudad de México, agrupados en varios colectivos presentarán en la primera semana de enero un recurso de amparo contra la reforma al Código Fiscal local, con la que se impone una tasa del 2% al total de las ventas de estas plataformas y aplicaciones, aprobada como parte del Paquete Económico 2022 para la capital.
El colectivo Ni un repartidor menos y el Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvese) en conjunto interpondrán en la primera semana de 2022 un amparo contra la implementación de 2% del cobro a las aplicaciones de reparto, envío de comida y otras mercancías que aprobó el Congreso de la Ciudad de México y que fue propuesto por el gobierno capitalino en el Código Fiscal del próximo año.
Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un repartidor menos, y Víctor Manuel Sánchez, dirigente del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvense) acusaron que este aprovechamiento aprobado en el Congreso de la CDMX, contrario a lo que afirman las autoridades capitalinas, será trasladado por las aplicaciones y plataformas a los repartidores y los usuarios.
“Nosotros no lo vamos a pagar, pero vamos a ganar menos, ahí es donde se transmite, donde está el ‘secreto’ del aprovechamiento, que es un ‘derecho de piso’, esa es la realidad”, dijo Sánchez en entrevista con Latinus
Detallaron que el amparo que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se interpondrá contra el gobierno de la CDMX al considerar que el impuesto aprobado el pasado 15 de diciembre viola el artículo 11 Constitucional –que garantiza el derecho a la libertad de tránsito–, toda vez que este se aplica a las plataformas de reparto por el uso de infraestructura pública.
Por su parte, Saúl Gómez, al ser cuestionado sobre la razón por la que las autoridades han insistido en que el impuesto de 2% para las apps de entrega y reparto no afecta a usuarios, repartidores o a los comercios, dijo que Salvador Juárez Galicia, procurador Fiscal de la CDMX, les dijo “no tener certeza de que no pudiera ser trasladado”, pero que “no era ilegal”.
“Ellos quieren justificar este nuevo impuesto creyendo que ellos saben cómo funcionan las aplicaciones. Cuando fuimos a una comparecencia del Procurador Fiscal de la Ciudad de México, dijo tajante: ‘No tengo la certeza de este nuevo gravamen no pueda ser trasladado a los repartidores, a los negocios o a los usuarios, pero no es ilegal’”, aseveró Gómez
En entrevista con EL UNIVERSAL, Saúl Gómez, fundador de Ni un repartidor menos, quien trabaja en UberEats y DiDiFood, apuntó que en este amparo estarán más de 250 personas que conforman el colectivo, además de los conductos de Siconvese, quienes en conjunto han recabado 100 firmas de personas que se han acercado a ellos para respaldarlos.
“El amparo lo vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante otras instancias como la Comisión de Derechos Humanos”, remarcó.
Declaró que aunque la administración capitalina asegura que el cobro de 2% de impuesto será para las aplicaciones, “éstas seguramente nos las van a trasladar a nosotros como repartidores.
“Además de que es inconstitucional, ya que están imponiendo un cobro por el uso de infraestructura pública”, acotó
Saúl Gómez recordó que como repartidores no cuentan con prestaciones de ningún tipo, y ganan en promedio por orden entre 17 y 23 pesos, por lo que 2% que prevé el gobierno capitalino cobrar se traduce en menos cuatro pesos de ganancias para ellos.
Respecto a la intención del PAN de interponer una acción de inconstitucional, dijo que al momento no tienen ningún contacto con el partido político.
“Nosotros no conocemos en qué se basa la inconstitucional y nosotros estamos defendiendo a los trabajadores. No tenemos ninguna relación con el partido político”, dijo
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También Víctor Manuel Sánchez, secretario general de Siconvese, detalló que está seguro de que el amparo se les va a otorgar, “porque hay una constitución que nos respalda.
“Lo que estamos haciendo es la única manera en la que nos podemos defender, alzar la voz, levantando un amparo y que se nos otorgue”, agregó.
El pasado 4 de diciembre, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum explicó que el impuesto de 2% entonces propuesto para los servicios de entrega y reparto por aplicaciones móviles no afectaría a las personas usuarias, repartidoras o a los comercios.
Luego de que representantes de organizaciones patronales se manifestaran un día antes en contra de la medida, la funcionaria argumentó que se trata de un cobro a las aplicaciones de las que la mayor parte de las ganancias salen fuera del país.
Para la jefa de Gobierno se trata de cobrar un impuesto a las aplicaciones que retienen la mayor parte de sus ganancias fuera del país y no tiene nada que ver con un gravamen a los comercios o a los servicios en la CDMX.
Esta propuesta de impuesto, dijo, se debe a que los recursos no se quedan en la CDMX, pero los servicios que prestan si demandan servicios de la ciudad.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México expresó su rechazo por los nuevos impuestos, al considerar que afectarán la recuperación de empleos, así como la reactivación económica tras la pandemia.
“De aplicarse, serán un nuevo freno a la incipiente y lenta recuperación de los empleos y de la actividad productiva en la Ciudad, que muestra graves rezagos con lo que ocurre en el país”, manifestó la Coparmex CDMX mediante un comunicado difundido el 6 de diciembre.
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CAB
