Aún no hay una resolución del INE sobre la validez constitucional de los estatutos del PRI, aprobados el 7 de julio.
PRI prepara medidas contra críticos, acusándolos de debilitar al partido. A través de redes sociales, tiempos oficiales en radio y televisión, y expulsiones, planea una campaña contra militantes críticos de su conducción. Argumentan que estos críticos atentan gravemente contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido, y hacen propaganda contraria a los Documentos Básicos del PRI.
La información indica que existen peticiones de expulsión basadas en que los críticos de Alejandro Moreno han violado al menos cinco disposiciones del artículo 257 de los estatutos, lo que justificaría su expulsión: “atentar gravemente contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido; sostener y propagar principios contrarios a los Documentos Básicos”.
También se les acusa de “desprestigiar las candidaturas del partido u obstaculizar sus campañas, realizar actos similares contra los dirigentes o sus funciones, o atentar contra la integridad moral o la vida privada de candidatos, dirigentes, funcionarios o representantes populares priistas”.
El sábado, al presentar su plan de trabajo para el futuro del PRI, Moreno Cárdenas anunció que todos los militantes del partido mantendrán activas sus cuentas en redes sociales para exhibir a los críticos del partido. Desde el 8 de julio, Moreno Cárdenas afirmó que “los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar y los vamos a exhibir con firmeza y claridad, porque son un grupo de cínicos que lastimaron al partido con sus acciones y hechos del pasado”.
Moreno también adelantó que usará los tiempos oficiales asignados al partido para exhibir a los críticos y confirmó que hay solicitudes de expulsión contra ellos, entre los que se incluyen los expresidentes nacionales del partido Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa, así como diversos militantes de Guerrero.
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Aún no hay una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la validez constitucional y legal de los estatutos del PRI, aprobados el 7 de julio, que permitieron la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata han impedido fijar plazos perentorios tanto al INE como a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI para atender impugnaciones presentadas contra la XXV Asamblea Nacional y la convocatoria de sucesión del partido. Mientras tanto, el dirigente priista prepara su estrategia para silenciar a los priistas inconformes.