Estos amparos concedidos por un juez para la posesión, transporte y uso de cocaína, excluyendo actos de comercio, no legalizan la sustancia
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) informó que como parte de una estrategia legal que busca terminar con la “guerra contra las drogas”, en mayo pasado un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó a algunos de sus integrantes dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio.
A través de un comunicado de prensa, señalan que las decisiones son relevantes por ser las primeras en su tipo ya que ponen sobre la mesa y detonan el debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias, reforzando así la intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformular el combate a las drogas.
Ya que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado en la última década, sino por sus malos resultados en materia de salud pública”.
Además, según el mismo documento el gobierno se estaría planteando “levantar la prohibición de las [drogas] que actualmente son ilícitas”.
Hecho que para MUCD, quien lideró junto con el CEIS y el colectivo SMART la estrategia de litigio en materia de cannabis que generó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este caso constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas que permitan reorientar los esfuerzos de seguridad y atender mejor la salud pública.
“Llevamos años trabajando por un México más seguro, justo y en paz, y con este caso insistimos en la necesidad de dejar de criminalizar a usuarios de otras drogas que no son la marihuana y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación” dijo Lisa María Sánchez Ortega, directora de MUCD.
Sin embargo, recalcó que es muy importante aclarar que estos amparos concedidos por el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, de la sala 14 del juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado, de ahí que la organización no ha planteado su masificación o la búsqueda de la jurisprudencia.
No obstante, son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno drogas por parte del poder judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión.
Por su parte, la Cofepris solicitó que el fallo sea revisado, por lo que el caso está en manos de un Tribunal Colegiado integrado por tres magistrados que, si ratifican la sentencia, esta será firme; pero en caso de echarla atrás, ya no habrá espacio para recurso posible y el caso se caería.
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