Un alto oficial de la policía británica dijo a un padre de las víctimas que la ciudad de Rotherham “estallaría” si el abuso de los niños se hiciera público
La ciudad de Rotherham al norte de Inglaterra, muestra una realidad estremecedora que ha sacudido la conciencia pública británica: la Policía ocultó agresiones sexuales realizadas por grupos de hombres musulmanes. Aunque parezca difícil de creer, los hechos se han repetido en distintos puntos del país, como Oldham, Telford y Rochdale.
¿Por qué la policía británica optó por cerrar los ojos? “Por el bien de las relaciones comunitarias”, en palabras de un alto oficial citado en diversas investigaciones, citados por The Telegrpah. Entre el temor a estigmatizar a la comunidad pakistaní y el deseo de mantener la paz social, las autoridades locales parecieron elegir el silencio, mientras cientos —o miles— de niños, en su mayoría blancos y de entornos vulnerables, quedaban en manos de bandas que los explotaban con impunidad.
Una inacción policial, una tras otra
El caso de Rotherham lleva tiempo fraguándose en la conciencia pública británica, pero su resonancia ha aumentado con la publicación de informes similares en otras regiones inglesas. Viejas acusaciones, documentación oficial y declaraciones de testigos pintan un escándalo de abusos.
“En Rotherham, un alto oficial de policía le dijo a un padre angustiado que la ciudad ‘estallaría’ si el abuso rutinario de niños blancos por parte de hombres de ascendencia paquistaní se hiciera público,” se lee en uno de los textos de referencia. En ese mismo documento, se indica que a un padre preocupado por la desaparición de su hija “la policía le dijo… que un ‘novio asiático mayor’ era un ‘accesorio de moda’ para las niñas de la ciudad”.
Por supuesto, Rotherham no es el único lugar donde han emergido historias similares.
“En todo el país, en pueblos y ciudades, en nuestras calles y en las instituciones estatales diseñadas para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, las autoridades deliberadamente hicieron la vista gorda ante los horribles abusos contra niños,” reza un párrafo que alude a otras localidades como Telford, Rochdale y Oldham.
No obstante, Rotherham ha cristalizado como el epicentro de esta polémica porque las cifras y los testimonios resultan demasiado contundentes para ignorarse.
La decisión de las autoridades de no perseguir, o de posponer, los casos de violaciones y abusos sexuales se fundamenta, según diversos documentos oficiales, en el terror a la posible “reacción social” que pudiese estallar.
“La comunidad paquistaní representaba alrededor del 3 por ciento de la población de la ciudad, y la historia que surgió fue clara: los hombres paquistaníes estaban preparando a niñas blancas,” explica un testimonio recogido en la investigación Jay de 2014.
Ese informe describe cómo, para las autoridades locales, era preferible no airear la verdad que arriesgarse a “un ‘disturbio racial’”. En consecuencia, buena parte de los funcionarios responsables —tanto en la policía como en el ayuntamiento— se decantaron por la inacción o la negación.
“En la misma ciudad, un alto oficial de policía supuestamente dijo que el abuso había estado ‘ocurriendo’ durante 30 años, y agregó que ‘al tratarse de asiáticos, no podemos darnos el lujo de que esto salga a la luz’,” cita un pasaje textual. Esas palabras resuenan como un eco de otras latitudes.
El mismo texto señala que en Telford, por ejemplo, la investigación independiente publicada en 2022 encontró que “había un nerviosismo acerca de la raza… rayando en la renuencia a investigar los crímenes cometidos por lo que se describió como la comunidad ‘asiática’”.
Amenazan a las menores con “prenderles fuego”
Casos específicos, como el de la joven Lucy Lowe en Telford, evidencian el grado de violencia implicado: “Lucy Lowe murió a los 16 años junto a su madre y su hermana cuando su agresor prendió fuego a su casa en 2000. Había dado a luz al hijo de Azhar Ali Mahmood cuando sólo tenía 14 años y estaba embarazada cuando la mataron.”
Esta tragedia se convirtió, según la investigación Telford, en una amenaza latente contra otras víctimas:
“Cuando una víctima de 12 años le contó a su madre, y ésta llamó a la policía, ‘había unos seis o siete hombres asiáticos que vinieron a mi casa. Amenazan a mi madre diciendo que pondrán bombas molotov en mi casa si no retiramos los cargos…’”.
El patrón descrito se repite: las autoridades temen la etiqueta de racistas y prefieren “no escarbar demasiado hondo”.
El texto subraya: “Como descubrió la investigación Jay de 2014 sobre Rotherham, los niños fueron ‘rociados con gasolina y amenazados con prenderles fuego’, ‘amenazados con armas de fuego’, ‘presenciaron violaciones brutalmente violentas y fueron amenazados con ser la próxima víctima si le contaban a alguien’. Niñas de tan solo 11 años fueron violadas por un gran número de agresores masculinos, uno tras otro’.”
Este problema no atañe únicamente a la policía, sino también a los consejos municipales y a otras instituciones estatales.
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“En Rotherham, las sanciones más duras a las que se enfrentó la policía fueron advertencias escritas,” indica un fragmento, sugiriendo una profunda “cultura de encubrimientos”.
A menudo, los funcionarios involucrados admitían que el riesgo de “tensiones raciales” era suficiente para evadir las denuncias o no tramitarlas. Además, se alega que “una víctima encontró el coraje de acudir a la policía, su abusador parece haber sido avisado… mientras aún estaba en la comisaría, una niña recibió un mensaje de texto de su abusador informándole que tenía a su hermana de 11 años.”
El informe toca, asimismo, otros lugares donde esta trama se repite. Oldham, por ejemplo, donde “en 2022 se publicó una revisión de los abusos… pero sus términos de referencia solo se extendieron entre 2011 y 2014”. Los supervivientes clamaron por una investigación de mayor alcance, confiando en que “un escándalo que debería ser erradicado por completo e investigado por todo el poder del Estado británico” fuera, finalmente, expuesto en su total magnitud.
Entre los testimonios más estremecedores se halla el fragmento de la sentencia contra Mohammed Karrar en Oxford, pronunciada en 2013 por el juez Peter Rook:
“Mohammed preparó a su víctima ‘para una violación anal en grupo usando una bomba… La sometiste a una violación en grupo por parte de cinco o seis hombres. En un momento tuvo cuatro hombres dentro de ella. Le colocaron una bola roja en la boca para mantenerla callada…’”. Este relato, según el texto, “está lejos de ser único.”
Hay, por otra parte, ejemplos de intervenciones institucionales que rayan en la complicidad: “En Telford, Lucy Lowe murió a los 16 años… Posteriormente se utilizó su muerte para amenazar a otros niños,” y en Bradford, se menciona el caso de “Anna,” a quien, tras ser forzada a “casarse” en una boda tradicional islámica, “su trabajadora social asistió a la ceremonia.” Más tarde, las autoridades la colocaron con los padres de su “marido”.
La animadversión a reabrir las heridas se manifiesta también en la política nacional.
“En 2020, el Ministerio del Interior se negó a publicar su investigación sobre las bandas de acicalamiento, alegando que hacerlo no sería de ‘interés público’,” señala el texto. Solamente al revelarse la presión de distintos grupos y de la prensa, salió a la luz un documento “que parecía restar importancia deliberadamente al claro papel que había desempeñado la etnicidad en el fenómeno”.
Un llamado a una investigación profunda
Frente a ello, voces destacadas como la de Elon Musk y la de la secretaria de Comercio británica, Kemi Badenoch, han pedido una investigación amplia, al igual que figuras como Rupert Lowe, del partido ultraderechista Reform UK, que reclama “una investigación pública completa, libre y justa”, Según él, “no se debe dejar piedra sin remover” para abordar una situación que “ha marcado la política británica” y sacudido la fe del público en las instituciones estatales.
En el fondo, el eje subyacente radica en la posibilidad de que la búsqueda de una supuesta armonía multicultural haya chocado de frente con la obligación esencial de proteger a los menores.
“La negación de la magnitud del problema está profundamente arraigada en el sistema político británico… Por el bien de las relaciones comunitarias, tuvo que enterrar la historia,” reza uno de los apartados clave. Este dilema sacude las bases de la sociedad británica, para la cual la diversidad étnica y cultural se ha convertido en baluarte de identidad nacional. Sin embargo, como apunta el texto, “la armonía basada en mentiras no dura.”
En tanto, las cifras continúan siendo escalofriantes.
“En Telford, al menos mil niñas fueron abusadas en la ciudad entre 1980 y 2009,” y la historia oficial habría “bloqueado” la revelación de ciertos datos por temor a dañar la convivencia. El costo, al final, “ha sido demasiado alto para las víctimas,” repite la documentación, subrayando que la protección de la niñez no debería jamás someterse a cálculos políticos o de reputación.
Con cada nuevo testimonio, la necesidad de “una investigación al estilo Telford” —capaz de exponer la verdad sin cortapisas— se hace más evidente. Mientras tanto, las vidas de quienes fueron ignorados y silenciados siguen esperando justicia.
