En el informe sobre Ayotzinapa, se encuentran 33 personas involucradas en la desaparición de los normalistas, pero no Enrique Peña Nieto
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa, entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes del Guerreros Unidos; pero reconoció que dentro de estos no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto.
A pregunta expresa en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario indicó que no podría dar más datos vinculados con el caso, porque incurriría en una irresponsabilidad.
“Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes.
De las órdenes que está procesando la fiscalía, yo preferiría que es la Fiscalía quien tiene dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste, de (Enrique) Peña Nieto no”, dijo este jueves
“Sigue la investigación por supuesto, que está realizando la fiscalía a partir de quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que esta se haya implementado “¿Pero el presidente Peña Nieto…?”, se le preguntó. “Él no está, en esto no”, respondió.
En los documentos hechos públicos este jueves, se observa que la lista del nombre de estas 33 personas fueron testadas para no violar el debido proceso. “Ya hay plena identificación de la participación del Ejército en el caso”
También tras revelar que el Ejército infiltró a un soldado en la Normal, Alejandro Encinas indicó que se está revisando la cadena de mando en todos los espacios del ámbito de la zona y de la región, lo está revisando la fiscalía y confirmó que hay plena identificación de que hubo participación del Ejército en el caso
“¿Ya hay una plena identificación de que hubo participación del Ejército en el caso, en la desaparición y demás?”, se le preguntó. “Sí”, contestó.
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La Comisión de la Verdad, creada para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, también precisó en su informe que lo ocurrido hace ocho años fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
Asimismo, Alejandro Encinas confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
El Gobierno notificó a las familias de los 43 los hallazgos antes de hacerlos públicos y garantizó que continuarán tanto las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados para intentar hallar información genética.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano.
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CAB