Las organizaciones aseveran que mientras no haya responsables y los jueces no determinen responsabilidades, el caso Ayotzinapa sigue totalmente abierto
Como “insostenible”, “de actuar incorrecto” y “última oportunidad”, ha sido calificada la versión oficial ofrecida por las autoridades mexicanas respecto a la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En el marco del cuarto aniversario de esta tragedia que ha golpeado directamente a 43 familias, así como a miles de miembros de la sociedad mexicana que se identifican con la desaparición de algún ser querido, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó que la versión oficial sobre el caso es “insostenible”.
Por medio de un comunicado, la institución afirmó que “el caso no es solo una herida abierta; también es un símbolo de las desapariciones en México”, y criticó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se haya enfocado en “intentar acallar” a los que la han cuestionado.
“La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso”, señaló.
La Oficina resaltó que al igual que muchos grupos de especialistas, entre ellos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), esta versión es “insostenible” debido a los resultados técnicos y científicos que demuestran que los peritajes de la PGR son inconsistentes.
El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, expresó preocupación porque considera que la respuesta del actual gobierno se ha “enfocado en reiterar lo insostenible”, y sostuvo que el caso Ayotzinapa es “de tal envergadura” que, si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los jóvenes y se determinan las responsabilidades de los culpables, “el impacto positivo no solo será para las personas directamente afectadas”, sino para todos los que luchan contra las desapariciones en el país.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes, la PGR ha mostrado falta de profesionalismo y de buena fe.
Tras participar en el foro “El Derecho Humano a la Salud en México”, aseguró que aún falta justicia para los familiares de los estudiantes desaparecidos.
“Ha habido altibajos (en la investigación) y en estos altibajos se han mostrado episodios de falta de profesionalismo, [y] de una actuación que no se apega a la buena fe que debe caracterizar al Ministerio Público”, lanzó.
Prueba de ello, dijo, es el caso de Erik Uriel Sandoval Rodríguez, quien está en prisión debido a que la PGR lo confundió con un homónimo apodado “La Rana”, que habría participado en los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Dimos todas las pruebas [de que se equivocaron en la detención], no hay ninguna sola prueba, a pesar del tiempo transcurrido, que nos hayan rebatido, si nos rebaten y nos convencen diremos que nos equivocamos, eso es actuar de buena fe, pero [nos dicen] que ya está en manos de un juez, y cómo en otros casos sí promueven sobreseimientos”, criticó González Pérez.
A su vez, Amnistía Internacional (AI) ha señalado que antes de que termine su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto tiene la última oportunidad para dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación sobre el caso.
“El mundo observa a México esperando que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una comisión de investigación que permita descubrir la verdad de lo ocurrido, y conseguir justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familias”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas.
En junio un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial de investigación de este caso, pero el gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión, expuso AI.
“El gobierno de Peña Nieto nuevamente ha elegido dar la espalda a lo que ahora parece ser el único camino para esclarecer la verdad. Con esta decisión, el gobierno refuerza su falta de compromiso para resolver este caso”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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