La organización subordinada al Frente Popular Francisco Villa ha tenido el control durante 20 años de numerosos departamentos en seis complejos habitacionales. Bloquea que las familias obtengan la propiedad de sus viviendas, con el fin de seguir recibiendo rentas, y además las usa con fines políticos.
La organización Nuevo Aztlán A.C., vinculada al Frente Popular Francisco Villa (FPFV), obstaculiza que las familias que viven en cientos de departamentos en al menos seis unidades habitacionales de la Ciudad de México logren convertirse en propietarios legítimos de sus viviendas.
La problemática que viven miles de personas en estas unidades habitacionales ha dado lugar a un conflicto legal y social, evidenciando la falta de seguridad jurídica que afecta a más de 2.5 millones de viviendas en el país, según la Central Unitaria de Vivienda.
Las denuncias de los residentes de las unidades habitacionales controladas por los Pancho Villa desde hace 20 años, de las cuales Excélsior posee copia, revelan cómo la organización, que nació bajo el respaldo político del PRD como invasora de terrenos, continúa siendo utilizada ahora por la estructura de Morena.
Los habitantes de esas unidades están forzados a distribuir propaganda, participar en mítines y concentraciones (bajo la amenaza de pagar una multa si no asisten), contribuir económicamente a las campañas y votar de manera corporativa por los candidatos respaldados por Nuevo Aztlán.
El FPFV destaca su presencia a nivel nacional en estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
Los líderes de Nuevo Aztlán operan en estas unidades como si fueran de su propiedad privada. Gestionan una administración propia, mantienen un equipo de seguridad vecinal con características de “guardias blancas” e incluso utilizan bordones en desalojos violentos. La entrada de la policía o cualquier otra autoridad está prohibida en las unidades bajo su control, lo que crea una especie de gobierno autónomo.
Mediante presiones y amenazas, impiden que las familias que han habitado los departamentos durante más de 20 años obtengan la titularidad de los inmuebles. Exigen rentas mensuales de 4 mil pesos, además de cobrar por accesorios (6 mil pesos) y por locales comerciales dentro de las unidades (12 mil pesos).
El dinero que se apropian de forma irregular, según las denuncias, es incalculable, ya que controlan 970 departamentos en seis unidades habitacionales, muchos de ellos en disputa legal —tanto civil como penal—, y otros, en menor cantidad, en procesos para obtener la propiedad en condominio, uno de los objetivos para los que se fundó el FPFV.
El Frente Popular Francisco Villa (FPFV) fue fundado en 1989, como una coalición de cooperativas y asociaciones con el objetivo de conseguir una vivienda digna y propia para su gente. Surgió como una medida de presión ante el gobierno priista de la época, debido a la escasez de vivienda, situación que se agudizó después de los sismos del 19 de septiembre de 1985.
Los Pancho Villa se dedicaron a la invasión de terrenos en Tláhuac y expandieron su influencia territorial a diversas zonas de la capital, especialmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco, Iztacalco y Coyoacán. En 1994, lograron obtener su primer predio.
Gracias a un decreto presidencial del 17 de junio de 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cedió a Nueva Aztlán casi nueve mil metros cuadrados en la calle Luvia de Oro, en la colonia Los Ángeles Apanoaya, en Iztapalapa.
Desde entonces, habitantes de diversas unidades habitacionales controladas por Nueva Aztlán han denunciado a los líderes de la organización por actos de despojo, amenazas y robo. A pesar de que existen numerosas carpetas de investigación sobre estos hechos, las denuncias parecen estar estancadas.
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Las denuncias más recientes datan del 19 de enero de 2025, cuando Rubí Avilés Terrón presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Relató que, por órdenes de los dirigentes Alejandro López Villanueva y Javier Gutiérrez Domínguez (alias El Toluco), no podía acceder a su departamento. Un grupo llegó para impedirles el paso y las amenazaron de muerte. Rubí afirmó que le dijeron que la matarían a ella y a su madre y mencionó que los líderes se burlaron de la autoridad, señalando que en la Fiscalía no les hacían nada, pues ellos estaban alineados con Morena y sabían todo lo que sucedía.
Otra denuncia fue presentada por Socorro Terrón Albarrán, una mujer adulta mayor con discapacidad, quien no pudo ingresar a su departamento en la unidad Noche Buena. Además, Betxi Priscila Avilés Terrón también levantó una denuncia el 3 de enero de 2025, en la que denunció a López Villanueva por impedirle el acceso a su hogar. Señaló que los pagos realizados a los líderes de la organización eran como los de una mafia.
Esmeralda Avilés Terrón, quien ha sido parte del frente desde 1993, presentó una denuncia penal el 1 de septiembre de 2024, tras ser desalojada de su departamento en la unidad Noche Buena en agosto de 2023. En septiembre de 2024, su departamento fue allanado y saqueado por vecinos con la complicidad de los líderes.
Otros residentes de la unidad Noche Buena también han denunciado que, al intentar individualizar su crédito hipotecario en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi), se les informó que el trámite no se había completado debido a que la organización no había realizado los procedimientos necesarios.
Además, las unidades bajo el control de los Pancho Villa no están registradas en la Procuraduría Social ni presentan sus estados de cuenta ante el SAT, como lo exige la ley para propiedades en condominio.
Excélsior tiene copia de las denuncias por despojo, amenazas y robo, así como videos que documentan el funcionamiento de los grupos de seguridad vecinal y cómo, mediante estructuras colocadas en las puertas, impiden el paso de los habitantes a sus departamentos.
Estos actos convierten a los líderes de la organización en propietarios de facto de los inmuebles.
Los líderes de Nueva Aztlán imponen cuotas irregulares para el mantenimiento de áreas comunes y vigilancia, y, como medida de presión contra aquellos que no cumplen con los pagos o desafían sus decisiones, privan a los ocupantes de servicios básicos como agua y energía eléctrica. Además, cuando lo consideran oportuno, desalojan a las familias y entregan las viviendas a otras personas.
Uno de los principales acusados es Alejandro López Villanueva, fundador de los taxis Los Pantera y vinculado al asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga en junio de 1995. Se le acusa de enriquecerse con los recursos de los habitantes, con rumores de que posee varias propiedades y cuentas bancarias abultadas, incluso fuera del país, además de estar implicado en actos de violencia y amenazas.
Jaime Lagunes, abogado que representa a varios habitantes de las unidades, destacó que los hechos constituyen una violación a los derechos humanos, pues han afectado derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, certeza jurídica y seguridad personal.
María de la Luz Ibarra Martínez, quien fue fundadora del Frente Francisco Villa en 1993, y José Alberto González Guzmán, encargado durante años de la operación de la unidad Noche Buena, fueron desalojados el 7 de agosto de 2021 de su departamento de 60 metros cuadrados. El desalojo fue liderado por López Villanueva, quien organizó un grupo de personas con bordones, un tanque de gas convertido en lanzallamas y presuntamente bombas molotov. Ibarra Martínez relató que no les permitieron sacar nada de sus hogares y que una vez saqueados, sus pertenencias, como ropa y zapatos, fueron distribuidas entre los residentes de la unidad.
Ibarra Martínez también denunció que el arquitecto Luis Asiain Ramírez, quien está casado con Ruth López Villanueva (hermana de Alejandro López), posee dos departamentos que fueron unidos mediante una perforación que conecta un departamento en la planta baja con otro en el primer piso. Además, señaló que interpuso una denuncia por una asamblea ilegal convocada por Alejandro López, en la que intentó apoderarse de la asociación civil, el mismo día en que su gente irrumpió en el departamento de la lideresa defenestrada, bajo el pretexto de que había una bomba.
