Interpusieron una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción ocurridos en el caso de Ingrid Tapia
Un grupo de mujeres vestidas de novia llegaron a la seda de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para interponer una denuncia por presuntos actos de corrupción, violencia vicaria y la evasión del pago de la pensión alimenticia en contra de Leonel “N” quien se ostenta de ser funcionario de Gobierno.
Integrantes del colectivo CASO 992 acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción ocurridos en el caso de la señora Ingrid Tapia, cuya expareja sentimental, identificado como Leonel “N”, no ha sido notificado desde hace más de 20 años para hacerse responsable de la pensión alimenticia de sus hijos
Las mujeres pertenecientes al colectivo “Amicas Curie” se apostaron frente a la entrada principal del edificio que alberga la dependencia y solicitaron la intervención de un funcionario de alto nivel para atender a la denunciante Ingrid Tapia, quién por más de 20 años ha solicitado la pensión alimenticia para sus hijos, sin embargo Leonel “N” ha usado sus influencias para evadir la justicia.
Ingrid Tapia aprovechó esta manifestación para denunciar a su ex pareja que ha ocupado diversos cargos públicos y durante ello, presuntamente ha adjudicado de manera directa diversos contratos a una empresa para beneficio propio.
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Por su parte, la colectiva feminista exigieron a las autoridades para que se adopten medidas cautelares destinadas a separar del cargo a quien identifican como agresor familiar y deudor alimentario.
Venimos vestidas de novia porque no somos la mujer que llega ilusionada a un templo a casarse, somos la mujer que sale del juzgado para pedir justicia, para nuestros hijos, para pedir alimentos”, dijo Claudia Sánchez Juárez, Presidenta del colectivo “Amicas Curie”.
Una comisión fue recibida en el interior del inmueble por funcionarios de la FGR para atender la denuncia.
Iniciativa para enfrentar violencia vicaria
El mes pasado, la Red de Mujeres en Acción presentó una iniciativa que busca reformas al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le dé más poder a las unidades de medidas cautelares a fin de que estén a cargo de las investigaciones para ubicar a los deudores alimentarios. La propuesta fue entregada por un grupo de representantes del colectivo vestidas de novias y recibida por diputadas del PAN, PRI, Morena, PT y PVEM, quienes hicieron suya la propuesta de reforma.
“La Red de Mujeres en Acción, adopta y acompaña la presentación de una iniciativa de ley elaborada por la licenciada Ingrid Tapia, generada del Caso 992, que tiene como objetivo lograr que la unidad de medidas cautelares pueda coadyuvar en la localización de los deudores alimentarios”, detallaron.
Al argumentar la propuesta, la activista Ana Correa, detalló que actualmente, sólo en 42 juzgados de la Ciudad de México se puede llegar a tener hasta 4 mil demandas anuales de alimentos, porque se ha incrementado el número de mujeres que son abandonadas junto con sus hijos. Adicionalmente, dijo, 88 mil menores son víctimas de la violencia vicaria en el país, que tiene que ver con el uso de la violencia contra los hijos para dañar a la madre.
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CAB