El 5 de febrero de 2015, Fátima regresaba de la escuela cuando fue interceptada en un paraje de la comunidad Lupita Casasviejas
Tras cumplir una sentencia de cinco años en un tutelar de menores por el feminicidio de la niña Fátima Quintana, ocurrido en 2015 en el municipio de Lerma, este jueves uno de los tres responsables fue puesto en libertad.
Los padres de la pequeña piden a las autoridades reformar el Código Penal para que los menores infractores reciban penas más severas en atención al delito que cometieron, en especial si se trata de uno grave.
Josué Misael Atayde Reyes es uno de los tres feminicidas de Fátima Varinia, asesinada el 5 de febrero de 2015, lapidada, violada, cercenada y mutilada. Hoy sus padres, Lorena y Jesús, levantaron la voz, indignados porque la justicia haya sentenciado como un niño infractor a uno de los criminales que acabaron con la vida de una niña de 12 años.
Hasta la plaza González Arratia en el centro de Toluca, donde se localiza el memorial en honor a la niña, Lorena Gutiérrez recordó que en la última audiencia en la que se atendió la reparación del daño, la jueza les exigió respetar el proyecto de vida de este joven.
A Tatis, como le decía su mamá, le tiraron todos los dientes y le sacaron un ojo; le fracturan las muñecas, tobillos y le dislocaron el hombro; le abrieron el pecho 30 centímetros a nivel del tórax y las entrepiernas 10 centímetros cada una. La violaron anal y vaginalmente. Sin embargo, Misael hoy está libre, y podrá rehacer su vida.
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Lorena lamentó que una jueza pidió a los padres de la víctima a respetar el derecho a vivir del asesino, “nos dijo que él tiene derecho a rehacer la vida, pero en compañía de su hermano, acabaron con la vida de mi hija y espero que aquellos que conformaron el Código Penal, hagan algo para que los menores infractores asesinos, sean juzgados de acuerdo con la gravedad de sus actos”.
Aseguró que lo único que pide a la familia de Misael Atayde Reyes es que viva muchos años, porque en vida debe pagar lo que le hizo a su hija. “El día que mataron a mi hija, yo tuve en mis manos la posibilidad de matarte, pero no lo hice, porque no soy como tú ni como tu madre. Ojalá vivas mucho. Estoy sumamente indignada, que no haya medidas de no repetición para las mujeres y las niñas de este país”.
Alegó que ella y su familia lleva siete años en confinamiento, huyendo, pues viven amenazados por los responsables de haber asesinado a su hija.
Parte de la sanción de José Misael es dar una suma económica como parte de la reparación del daño, de acuerdo con el criterio del juez. La familia reconoce que no hay monto que alivie la pérdida que han sufrido, pero consideran necesario que el sentenciado cumpla con esta parte de su responsabilidad.
Al respecto, Ximena Ugarte, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que “a pesar de que la familia de Fátima Quintana Gutiérrez ha expresado que ninguna cantidad repara el daño que han sufrido en diversas ocasiones exigieron, en conjunto con las organizaciones que la acompañamos, el cumplimiento del pago de indemnización monetaria ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México, no obstante José Misael siempre señaló que si quería pagar, pero que no contaba con los recursos para hacerlo”.
Derivado de ello es que pedirán a diversas instancias de orden estatal y judicial que actúen para que la reparación sea cubierta; además de solicitar medidas de protección para la familia de Fátima.
El caso
El 5 de febrero de 2015, Fátima regresaba de la escuela cuando fue interceptada en un paraje de la comunidad Lupita Casasviejas, en Lerma Estado de México, de donde era originaria.
En el hecho participaron Luis Ángel Atayde Reyes, José Juan Hernández Tecruceño y José Misael Atayde Reyes, todos ellos sentenciados por el delito de feminicidio, esto luego de que la autoridad comprobara que privaron de la vida a la estudiante de primer año de secundaria.
Cabe señalar que éste último responsable participó cuando era menor de edad y fue puesto en libertad porque cumplió una condena de internamiento de cinco años en el centro Quinta del Bosque.
La sanción que recibió fue la máxima contemplado en el código penal de la entidad mexiquense, por lo que la familia solicitó que se modifique y endurezcan las penas si es que se trata de delitos graves.
Tras haber sido cuestionada sobre si hay acercamientos con alguna fracción parlamentaria al respecto, Lorena Gutiérrez, aclaró que se mantiene por el momento como un planteamiento.
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CAB
