México se sumó a la lista de países que aprobaron una resolución, ante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre estas posibles violaciones de derechos humanos “identificando a sus responsables”.
México se sumó a la lista de países que aprobaron una resolución, ante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para establecer un Grupo de Expertos que investigará posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.
La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.
El documento expresa además preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua“, donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”.
Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, subraya un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.
El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.
Menciona expresamente y lamenta la reciente muerte del prisionero político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras meses de detención “en condiciones indignantes”.
La resolución muestra además su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del año pasado y lamenta “el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas”.
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Antes de la votación de la resolución, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, intervino por videoconferencia para mostrar el “rechazo absoluto” del Gobierno nicaragüense a ésta y otras decisiones tomadas en años recientes por el Consejo de Derechos Humanos que condenaron la situación en el país centroamericano.
Los textos de estas resoluciones “siguen haciendo valoraciones derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas cuya única finalidad es afectar a la dignidad y soberanía de los pueblos”, aseguró.
Delegaciones de países miembros del Consejo que votaron en contra, como Venezuela, Cuba, China o Rusia, coincidieron en rechazar un texto que en su opinión supone una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con “motivaciones políticas”.
El mecanismo de investigación creado “no cuenta con el consentimiento del país y no ayuda a promover el diálogo ni la cooperación, alentando la confrontación y la politización de este Consejo”, aseguró la delegación china, mientras Venezuela afirmó que el grupo de expertos tendrá “atribuciones parapoliciales”.
En Nicaragua el mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado el mes pasado por actores de la sociedad civil como el Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Junto a México, los países que dieron luz verde a la resolución fueron: Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, México, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido.
Mientras que siete países se pronunciaron en contra, entre ellos China y Bolivia. Mientras que 20 más fueron abstenciones.
En junio de 2022, 59 países firmaron una declaración en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.
Con la resolución recién aprobada, el mecanismo, establecido por el periodo de un año, se encargarán de “establecer los hechos y circunstancias que rodean las presuntas violaciones y abusos”.
La prensa
El gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, considerado un “preso político” del Gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios, fue condenado este jueves a nueve años de prisión y a pagar una multa económica, informó el periódico, el más antiguo del país.
La Jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, también inhabilitó a Holmann a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la pena.
La Prensa, que circula en formato digital por la retención de su papel desde un día antes de la detención de su gerente general, dijo que la multa que impuso la Jueza es equivalente a tres veces el dinero o bienes que supuestamente lavó Holmann, aunque no precisó el monto.
El miércoles pasado, la Jueza Tardencilla Rodríguez declaró culpable al gerente general del diario La Prensa por el delito de lavado de dinero, bienes o activos.
De acuerdo con la sentencia, Holmann cumplirá la condena hasta el 9 de septiembre de 2030. “Lo anterior, es sin perjuicio que el computo pueda ser reformado, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tomen necesario, lo cual será competencia del Juzgado de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Managua”, según parte del fallo, compartido por La Prensa.
La judicial también ordenó que “los bienes ocupados” el 13 de agosto de 2021, “día en que la Policía del régimen se apoderó de las instalaciones físicas del diario La Prensa y la imprenta comercial de Editorial”, se mantendrán bajo custodia.
Según La Prensa, durante la lectura de la pena, su gerente general, que lleva 229 días encarcelado, agradeció “a todos por sus oraciones”, pidió seguir orando, y afirmó estar “fuerte” y aseguró que así se mantendrá.
Durante el juicio, que concluyó la semana pasada también en horas de la noche, el empresario se declaró inocente.
Holmann es parte de un grupo de más de 40 nicaragüenses, entre líderes opositores, críticos del Presidente Daniel Ortega, y profesionales independientes, que fueron encarcelados antes de las elecciones de noviembre pasado, en las que el sandinista fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como Vicepresidenta, con siete de los aspirantes en prisión.
El empresario se convirtió en el cuarto miembro de la familia Chamorro en ser condenado por la justicia de Nicaragua, que antes hizo lo propio con los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y también directivos de La Prensa, así como con Juan Sebastián Chamorro García.
Tanto Cristiana como Juan Sebastián fueron arrestados tras anunciar su interés en ser candidato a la Presidencia por la oposición.
Holmann, de 55 años, ha perdido 24 libras de peso, tiene una protuberancia en el abdomen, dolor en la ingle, hongos en las manos y pies, problemas cardíacos, presión arterial, posibles problemas de próstata, y una mancha en su ojo derecho, aparentemente por las condiciones insalubres y falta de ventilación e iluminación de su celda, según ha denunciado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y La Prensa.
Las condiciones del empresario, según ha dicho el Cenidh, son similares a las del resto de capturados en el contexto de las elecciones, incluyendo exdiplomáticos, exguerrilleros sandinistas, dirigentes opositores, líderes juveniles, campesinos, periodistas y empresarios.
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CAB
