Creo que es momento de reconocernos como un país que lucha por cambiar. De reconocer que en el pasado la corrupción hizo que la fiesta pareciera más grande que la cruda. Me queda claro que ya no se aguantaba más la borrachera.
Que en el sector salud hubo excesos muy importantes, pero no todos fueron corruptos. Sin embargo en esta lucha en contra de la corrupción se está causando un evidente dolor innecesario. ¿Porqué digo esto?. Lamentablemente, lea usted esto con atención, es porque estamos obligando a los doctores a realizar una especie de lista de “Schindler”, para escoger a quien salvarle la vida. Lo cual me parece una mezquindad. Se trata de cuidar el presupuesto, de ir acorde con la austeridad, pero no de hacer pendejadas que cuesten vidas.
No solo estamos hablando de los adeudos del ejercicio fiscal 2018 (correspondientes a otra administración), sino también de los adeudos de 2019 y sobre todo del Estado de Derecho, es decir no se ha liquidado ninguno, ni de la pasada, ni de esta.
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El artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que el pago a los proveedores no podrá exceder de 20 días naturales, por su parte, el artículo 85 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones establece que cada orden de suministro que emitan las autoridades con cargo a los contratos deberán contar con suficiencia presupuestal, esto es, la autoridad no puede ordenar suministro alguno si no cuenta con presupuesto para cada orden y, una vez realizado el suministro, cuenta con 20 días naturales para pagar “como máximo”.
El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (parte del Sistema Nacional Anticorrupción) señala que “se considera falta administrativa grave el desvío de recursos públicos y no designarlo a los pagos necesarios.”
El ISSSTE día con día y durante el presente ejercicio fiscal continúa emitiendo órdenes de suministro a sus proveedores, como si tuviera suficiencia presupuestal, pero no realiza el pago, como lo establece la ley, en 20 días. Incluso, no ha realizado un solo pago en el ejercicio fiscal 2019. ¿Se está intencionalmente llevando a la inviabilidad a los distribuidores? ¿Se está acaso intencionalmente provocando la propia inviabilidad del ISSSTE para olvidar los adeudos y después centrar los esfuerzos en la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (ya previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024) que además generará un adeudo mayor, pues la falta de pago a tiempo genera intereses según el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.
El problema central es que en lograr los objetivos políticos, buenos o no, se están muriendo mexicanos. Aquellos a los que López Obrador prometió proteger, él siempre afirma que su prioridad son los que menos tienen.
Lo anterior, desde luego lastima a la industria nacional, pero también a la inversión extranjera, dando claros ejemplos de los riesgos que implica ser contratista de la actual administración.
En la industria nacional, los laboratorios nacionales o los internacionales con representación en México no tienen fuerza de distribución, ellos venden sus insumos a los distribuidores, quienes se encargan de toda la logística alrededor del territorio nacional, para lo cual licitan ante las autoridades de salud obteniendo un pequeño porcentaje que les permite cubrir los adeudos a los laboratorios.
Sin embargo, si el Estado no paga, los distribuidores se adeudan con los laboratorios y se convierte en una cadena peligrosa que termina por crear: i) Incertidumbre en la economía y desconfianza en el Estado; ii) El retiro de la inversión en México; iii) La quiebra de los distribuidores y con ello la pérdida de la fuente de empleo de todos sus trabajadores y sus familias y, lo que es peor; iv) El desabasto de medicamentos en perjuicio de los pacientes, causado directamente por la falta de pago ya no oportuno, sino completamente ausente del Estado.
Lo que no puede aceptarse es que con el fin de rescindir los contratos, se deje de pagar y se prescinda de medicamentos, aquí al final perdemos todos. Empresas nacionales que van a quebrar y enfermos mexicanos que van a morir.
O, si sí hay presupuesto, ¿Porqué razón no se paga? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el garantizar que la cadena de suministro de medicamentos no se vea alterada por causas imputables al Estado y que el presupuesto se utilice para el fin para el que efectivamente fue destinado?
Sin presupuesto, o con presupuesto y desvío de recursos o con falta de Estado de Derecho, o con lo que sea, simplemente no se podrá cumplir con el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4to Constitucional.
De verdad hago votos por que el estado mexicano entienda, que no todos quienes trabajaron y vendieron en otras épocas son ladrones. Que el ISSSTE está poniendo en riesgo a empresas de mexicanos, con trabajadores mexicanos y lo peor, mientras arreglan sus supuestos proyectos sociales muchos pacientes, que no tiene la culpa de los manejos presupuestales van a morir.
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