Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.
El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por un supuesto golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales, comenzó este jueves en La Paz.
La derechista de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho exmilitares.
El juicio comenzó en forma virtual hacia las 10:00 locales y el abogado de Áñez, Luis Guillén, se quejó por problemas en el audio.
“Hay problemas de conexión”, indicó el defensor, quien solicitó que continúe de manera presencial este juicio, en el que están citados a declarar 76 testigos.
A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos.
A la derechista de 54 años se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.
La Fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al cosiderar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.
Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban decenas de partidarios de la expresidenta, encabezados por su hija Carolina Ribera, de acuerod con la AFP.
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El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra. La hija de la expresidenta, Carolina Ribera, protestó ante el juicio a su madre.
La otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola un principio general del derecho.
“No puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”, destacó. Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los demandantes, el gobierno izquierdista, la fiscalía y el Congreso, argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
Jeanine Áñez fue asimismo señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”.
Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria. El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
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CAB