El exmandatario del Estado de Chihuahua (2010-2016) salió de la cárcel en Miami donde estaba preso desde julio del 2020
El Gobierno de Estados Unidos inició hoy el traslado a México de Cesar Duarte, exgobernador de Chihuahua, para que sea procesado por cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lograron la extradición del ex mandatario estatal, quien es señalado por desvío de recursos.
Una vez que aterrice en territorio nacional Duarte será sometido a una evaluación médica.
Fuentes cercanas al caso informaron que Duarte ya fue excarcelado de la prisión de Miami, donde estuvo recluido desde julio de 2020.
De esta manera, se presume que en las próximas horas será devuelto a México para ser presentado ante el juzgado local de Chihuahua que ordeno su aprehensión.
Según los últimos reportes, ya se estaría transportando en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR).
MILENIO consultó a Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del ex mandatario estatal, quien dijo que se dispone a viajar a Chihuahua, entidad a la que debe ser trasladado su cliente.
Dejó claro que hasta el día de hoy no existe una acusación del orden federal contra el ex mandatario, sino solo una orden de aprehensión, motivo por el cual se ordenó su extradición.
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El lunes pasado, abogados de Duarte desistieron del ultimo recurso que habían intentado para frenar su entrega, mismo que se tramitaba ante la Corte de Apelaciones del Décimo Primer Circuito, con sede en Atlanta.
En ese recurso se impugnaba la sentencia en la que el juez José E. Martínez, de la Corte para el Distrito Sur de Florida, rechazó la solicitud de habeas corpus, una especie de amparo presentado por Duarte para cuestionar su detención.
Otra jueza de la misma Corte, Lauren Fleischer Louis, había certificado desde el 8 de noviembre que la solicitud de extradición presentada por México cumple con los requisitos del Tratado entre ambos países, por lo que dejó en manos del Departamento de Estado la decisión final de entregar al acusado.
Demanda
El principal argumento en la demanda de habeas corpus de Duarte era que no se cumplieron requisitos del Tratado, porque si bien enfrenta una orden de aprehensión librada por una jueza de Chihuahua, aun no ha sido formalmente acusado en una audiencia de imputación.
“México ha librado una orden de aprehensión contra el quejoso, por lo que los requisitos del Tratado han sido satisfechos”, replicó Martínez en sentencia notificada el 21 de marzo, en la que considero innecesario interpretar lo que debe entenderse por la existencia de “cargos formales” en un caso de este tipo.
Además de rechazar los alegatos sobre inconstitucionalidad del proceso en su contra, el juez Martínez también negó a Duarte un certificado que es requisito indispensable para que poder apelar una sentencia de habeas corpus porque no existe algún tema Constitucional que amerite prolongar el litigio.
El recurso ante la Corte de Apelaciones, por tanto, seguramente hubiera sido desechado. En su sentencia de noviembre, la jueza Fleischer Louis sostuvo que México aportó suficiente evidencia de que Duarte desvió recursos públicos para beneficio personal durante su mandato, entre 2011 y 2014.
“Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio”, afirmó la jueza.
Destacó que varios excolaboradores de Duarte, incluido su ex Secretario de Finanzas, declararon en su contra, y que también hay registros bancarios y fiscales de las operaciones de desvío de fondos.
Sobre los argumentos de que su vida podría peligrar en México, ante la animadversión personal que tiene en su contra el ahora ex Gobernador Javier Corral -cuya administración terminó en septiembre de 2021-, la jueza aclaró que Duarte podía presentar esos alegatos al Departamento de Estado.
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CAB