En abril, alumnos de la Universidad de Guadalajara instalaron un campamento en el parque de Huentitán para exigir que se mantuviera como un parque público
Este martes inició en Jalisco la audiencia contra los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, detenidos por manifestarse en contra de la construcción de un complejo habitacional en el Parque Natural Huentitán.
Personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a Puente Grande para vigilar la audiencia. Esto después de que el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicara este lunes que la dependencia inició seguimiento del caso.
El funcionario también exhortó al poder judicial a juzgar con perspectiva de derechos humanos, después de que la UdeG señalara que el proceso ha estado “lleno de irregularidades e injusticias”.
Al mismo que tiempo que inició la audiencia de este martes, el Consejo General Universitario de la UdeG realizó una sesión para dar seguimiento al caso.
Durante la misma, el Rector General de la institución, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que el juicio “se ha llevado fuera de la ley” y reiteró que el asunto tiene una “carga política más fuerte que jurídica”.
Recalcó que la prisión preventiva solo debería ser para delincuentes “peligrosos”, por lo que no debería ser aplicable al caso. Asimismo, apuntó que el terreno fue comprado por el gobierno para ser un parque, no un desarrollo inmobiliario.
A su vez, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, repudió el acto, que calificó como represivo y aseguró que la resolución fue arbitraria.
Arresto
El pasado 5 de enero un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra los tres estudiantes de la UdeG, quienes son acusado de despojo y de ingresar al predio con armas de fuego
Sin embargo, la institución, así como la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) aseguran que el proceso estuvo “lleno de irregularidades e injusticias”.
Entre ellas, afirman que el juez encargado del caso es el mismo que en agosto del 2022 dictó una orden de desalojo del parque a los estudiantes que mantenían un campamento en el sitio desde abril del año pasado.
Además, afirman que es esposo de la síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, “quien tuvo participación jurídica en las sesiones de cabildo en la que se aprobaron los compromisos jurídicos que el ayuntamiento contrajo con el grupo de empresarios que se apropiaron del parque público”, denunció la UdeG.
Campamento en el parque de Huentitán
En abril, alumnos de la Universidad de Guadalajara instalaron un campamento en el parque de Huentitán para exigir que se mantuviera como un parque público.
Previamente, diversos vecinos, asociaciones civiles y estudiantes denunciaron que el complejo de departamentos que se planea construir tendrá un impacto ambiental negativo y provocará desabasto de agua.
Sin embargo, tras 144 días, los estudiantes fueron desalojados del predio. Asimismo, se inició un proceso penal por el delito de despojo de inmuebles y aguas contra los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas y se les dictó prisión preventiva.
Ante esto, la Universidad se declaró en estado de emergencia, mientras que la FEU realizó un plantón afuera de Casa Jalisco para protestar contra las detenciones, el cual fue retirado este lunes en la noche.
Por su parte, diversos políticos y funcionarios de distintos partidos políticos reprobaron la detención de los tres jóvenes y exigieron su liberación.
En contraste, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que los estudiantes hayan sido detenidos “por protestar”, sino por una denuncia interpuesta por los dueños del terreno.
“El proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse, sino por una denuncia de hechos presentada por particular por el probable delito de despojo”, declaró.
El mandatario también reiteró que el predio “no es un parque, sino una propiedad privada”, ya que fue vendido por el gobierno municipal en el 2008.
Por último, exhortó al Poder Judicial a que los jóvenes enfrenten su proceso “fuera de la cárcel”, “sin que esto signifique exonerar a nadie”, apuntó.
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CAB
