La comisión del Proceso Electoral del Poder Judicial del INE destacó que su objetivo es garantizar que las próximas elecciones sean precisas y transparentes.
La comisión para el Proceso Electoral del Poder Judicial del INE informó este viernes que, con el fin de garantizar unas elecciones precisas y transparentes, los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial de la Federación tendrán prohibido, tanto de manera directa como indirecta, contratar a personas o empresas para la difusión de encuestas o sondeos de opinión.
En la sexta sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso Electoral del Poder Judicial, celebrada el 10 de enero, se aprobaron los lineamientos correspondientes al marco regulatorio que se implementará en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación. El objetivo es regular las encuestas por muestreo y los sondeos de opinión realizados por personas físicas o morales, estableciendo normas de cumplimiento general.
Montaño Ventura mencionó que han detectado que en diversos medios de comunicación se han difundido posibles actos de promoción personalizada por parte de los candidatos que participarán en las elecciones del próximo 1 de junio, por lo que consideró fundamental implementar estas medidas para evitar este tipo de difusión.
Por esta razón, la comisión deberá presentar un informe a la Comisión Temporal sobre los hallazgos identificados, el cual será enviado a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para determinar si se trata de una encuesta o un sondeo de opinión, o si, en cambio, constituye propaganda que podría afectar la imparcialidad de la contienda.
Además, durante la sesión se aprobó la propuesta del consejero de establecer una consecuencia jurídica en caso de incumplimiento, considerando como un ingreso no permitido cualquier acción que se realice en ese sentido. De esta forma, las casas encuestadoras y los medios de comunicación que difundan sondeos deberán informar sobre los gastos incurridos y el origen de los recursos, estableciendo en los lineamientos que se incrementará la vigilancia para aplicar sanciones si es necesario.
“Hemos sido muy claros al decir que esta parte sigue estando a cargo de cada uno de los comités, que deben abordar estas situaciones; este tema aún no está completamente en nuestra jurisdicción, hasta que tengamos los nombres de quienes estarán en las boletas”, señaló el Presidente de la Comisión Temporal.
Es importante señalar que la reforma judicial prohíbe el financiamiento público y privado para los aspirantes, permitiendo únicamente el uso de “gastos personales”. Por lo tanto, los consejeros destacaron la necesidad de vigilar el origen de los recursos utilizados durante la campaña. La consejera Norma de la Cruz también reiteró que está prohibida la contratación de sondeos de opinión, ya que, en caso contrario, se registrará como un gasto no permitido.
Finalmente, Montaño Ventura subrayó que estos lineamientos “reflejan el compromiso del INE con la transparencia y la equidad en el proceso electoral”, lo que ayudará a fortalecer la confianza de los ciudadanos para las elecciones del 1 de junio de 2025.