El pleno del INAI aprobó la presentación de esta controversia constitucional en la sesión ordinaria de este miércoles
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, informó que el próximo lunes se entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional sobre el acuerdo presidencial que cataloga las obras prioritarias del gobierno como de seguridad pública.
En entrevista para MILENIO, el funcionario alertó que aunque el proyecto se presente ante el máximo tribunal del país, no asegura que el caso será tomado y discutido, pues la SCJN puede decidir no admitirlo.
“Nosotros el lunes estaremos ingresándolo a la Corte y tendrá que ver la procedencia de esta controversia y, si se la considera procedente, la admitirá; y si no, pues tiene la opción de no admitirla y entrar a a los turnos de la propia Corte para que en su momento sea resuelta de fondo”, explicó
Detalló que la preocupación del INAI reside en que al clasificar las obras como de seguridad nacional implique, en su momento, que se reserve la información, evitando que las personas que soliciten datos relacionados con los proyectos, como los contratos, estudios de impacto ambiental, los planes maestros, etc., les sean negados.
“Lo que nosotros estamos haciendo es presentar una controversia constitucional porque pensamos que ese decreto en algún momento puede estar en contradicción con el artículo 7 constitucional, que habla de la máxima publicidad. Eso quiere decir que toda la información es pública en general”, señaló
Asimismo, el comisionado dio a conocer que realizó una propuesta para que el gobierno hiciera una aclaración en el acuerdo, en la que se especificara que el documento no está relacionado con la transparencia de las obras, sino que tiene como fin único acelerar los trámites para la construcción de las obras.
De esta manera, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estarían respaldada, haciendo explícito que la característica de seguridad nacional tienen “sólo como objetivo agilizar la realización de las mismas y que no tiene ninguna implicación en materia de transparencia”, por lo que el acuerdo no puede ser utilizado como fundamento para reservar información.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció este miércoles que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo con el que se cataloga como asuntos de seguridad nacional a las principales obras de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
También podría interesarte: Ahora “soy Augusto (Pinochet)”, dice AMLO ante reclamos por acuerdo de obras
El pleno del INAI aprobó la presentación de esta controversia constitucional en la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que este organismo cuenta con un periodo de 30 días hábiles a partir de hoy para realizarla y exponerla ante la SCJN.
El pasado 23 de noviembre, el Inai adelantó que ya preparaba la controversia constitucional, y determinó implementar dicha medida para evitar que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que se llevan a cabo.
La institución detectó, en la sesión de ese día, una posible transgresión al artículo sexto constitucional, “en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Con el acuerdo, el gobierno del presidente López Obrador podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
El acuerdo, que consta de tres artículos, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entrará en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Contenido relacionado:
Fonatur revela que obras del Tren Maya llevan retraso de cinco meses
CAB
