Realizaron pagos de la Secretaría de Hacienda estatal a la Unión Ganadera Regional División del Norte y la sociedad financiera División del Norte
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua reveló que cuatro exfuncionarios fueron identificados como los principales operadores de la red de corrupción encabezada por César Duarte, que desvió más de 2 mil 700 millones de pesos del erario estatal.
Así lo indicó este martes en rueda de prensa Mónica Vargas, titular de la SFP de Chihuahua; quien añadió que se cuenta con cinco procesos administrativos relacionados al exgobernador César Duarte; mismos entre los que se identificó a cuatro personas, quienes cuentan con más de 30 procedimientos en su contra.
La funcionaria estatal refirió que cada una de las personas fueron identificados por la ejecución de pagos de la Secretaría de Hacienda estatal a la Unión Ganadera Regional División del Norte y la sociedad financiera División del Norte.
En la primera de ellas, apuntó, Duarte Jáquez fungió como socio e incluso como presidente por algún tiempo; mientras que en la financiera el exgobernador fue accionista principal y fundador de la misma.
Asimismo, detalló que desde el inicio de la gestión de Corral Jurado, se presentaron 97 denuncias administrativas ante la SFP estatal; de las cuales 88 tienen el carácter de penales y 86 fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
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En términos administrativos, abundó que se iniciaron 73 procedimientos en los que se encuentran involucrados 778 exservidores públicos; quienes representan un daño al erario estatal por un monto que asciende a los mil 789 millones de pesos.
Mónica Vargas informó que de los 79 procesos se ha logrado la inhabilitación de 19 servidores públicos; y se impusieron sanciones económicas que ascienden casi a los 550 millones de pesos.
Entre las irregularidades encontradas por la Función Pública de Chihuahua, dijo, se encuentran adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, empresas fantasma; así como pagos indebidos, obras no ejecutadas con remuneración, predios a sobrecosto y otorgamiento indebido de beneficios.
Finalmente, Mónica Vargas aseguró que existe un avance importante en los procedimientos; no obstante, para que sea retornado a las arcas estatales la totalidad del recurso desviado, aseveró, debe haber un trabajo de seguimiento por la siguiente administración; esto porque se ha iniciado una batalla legal para que se reafirmen las resoluciones aplicadas por la SFP.
Así, consideró que a partir de que se impusieron las sanciones, deberán pasar al menos 5 años más para que haya una sentencia firme, por el proceso legal que debe seguirse. Por lo tanto, advirtió que ese sería el tiempo que podría pasar para que el dinero sea reintegrado a los chihuahuenses.
“Buscaremos que se recuperen los casi 3 mil mdp y se conviertan en beneficio para los chihuahuenses en hospitales, medicinas, escuelas, infraestructura, eso es lo que se busca como fin último, que se regresen y se transformen en beneficios para la sociedad”, finalizó
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CAB