El pasado 27 de enero, Anaya informó al Juez de Control que Jacinto Herrera Serrallonga era su nuevo abogado, por lo que podría solicitar una nueva ampliación
Este lunes se retomará la audiencia inicial de Ricardo Anaya por el caso Odebrecht. Esto, luego de que su comparecencia se suspendiera el 31 de enero debido a que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia se contagió de covid-19.
Esta es la quinta ocasión en que es citado, pues su comparecencia se ha pospuesto por varias razones; la diligencia está programada a las 9:00 horas en el Reclusorio Norte.
El pasado 27 de enero, el pianista envió una carta al Juez de Control, en la que informó que designó cómo nuevo abogado a Jacinto Herrera Serrallonga, por lo que podría solicitar una nueva ampliación para que el litigante conozca el expediente.
Sin embargo, la indicación del Juez de Control, Fuerte Tapia, es que este lunes se Anaya se debe presentar físicamente en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte.
El excandidato presidencial del PAN es señalado por presuntamente entregar sobornos de Obebrecht para que los diputados aprobarán la reforma energética.
De acuerdo con esas versiones, un asistente de Anaya habría recibido ese dinero en un estacionamiento de la Cámara de Diputados, para entregarlo entre integrantes de la bancada panista para aprobar dicha reforma.
En diferentes momentos, el ex candidato panista ha rechazado esas imputaciones, asegurando que son falsas, además de que los dichos no coinciden con su etapa como legislador.
El proceso en contra de Ricardo Anaya comenzó en agosto de 2021, cuando compareció por videoconferencia pero el juez de la causa solicitó que éste compareciera de manera física.
Pese a esto, se reportó que en julio de 2021 el político blanquiazul salió de México con rumbo a EU, donde vive su familia.
Durante la segunda mitad de 2021 tres audiencias se suspendieron debido a que su defensa señaló que no tuvo acceso a la carpeta completa.
La Fiscalía General de la República ha solicitado la prisión preventiva justificada debido al riesgo de fuga.
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Niegan desistir acusación
Al asegurar que los señalamientos de Emilio Lozoya en su contra son “falsos”, “absurdos”, “incongruentes” y “carentes de toda lógica”, Ricardo Anaya pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) desistirse de la acusación en su contra por el soborno de 6 millones 800 mil pesos que supuestamente recibió como parte de la trama de corrupción de Odebrecht; lo cual, inmediatamente fue rechazado por la autoridad.
En un escrito dirigido al titular de la Unidad de Investigación encargada de su caso, Kristian Jiménez Hernández, el panista, a través de su abogado Eduardo Aguilar Sierra, sostuvo que no existen pruebas para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la acusación en su contra.
“Vengo a requerirle se desista de la acción penal ejercida en contra de mi representado ante el juez de Control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Norte dentro de la causa penal 16/2021, así como determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación en la que promuevo, ya que los hechos delictivos por los que se pretende formular imputación y vincular a proceso a mi representado jamás ocurrieron y mi representado no cometió delito alguno.
Quiero señalar enfáticamente que mi representado no ha cometido delito alguno y que todas y cada una de las imputaciones vertidas por Emilio Lozoya Austin, quien depone en su contra, así como de sus testigos, son absolutamente falsas, incongruentes y carentes de toda lógica (…) La imputación en contra de mi representado es falsa y absurda, pues no existen pruebas para acreditar las circunstancias de tiempo modo y lugar referidas en la acusación. Por el contrario, abundan las pruebas que acreditan la falsedad de la imputación en su contra”, subraya en el documento,
.Como argumentos, la defensa legal de Anaya Cortés enlistó 12 “puntos a considerar” para desmentir la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho que pesan en contra del ex candidato presidencial.
Algunos de estos puntos fueron desarrollados por el propio panista, al publicarlos en sus cuentas de redes sociales semanalmente.
Se trata de la fecha y el lugar de la supuesta entrega; El cargo de la persona que supuestamente entregó el dinero en la Cámara de Diputados; Propósito del soborno en adición al voto en favor de la reforma energética; El único integrante de la Cámara de Diputados que supuestamente recibió un soborno en un órgano legislativo con 500 integrantes; El voto a favor de la reforma energética fue acorde con la plataforma electoral registrada por el PAN; Las declaraciones de los altos directivos de Odebrecht frente a las autoridades de Brasil y de Estados Unidos contradicen por completo la versión de Emilio Lozoya; Registros bancarios no corresponden con las declaraciones de Lozoya sobre el destino dado a los 6 millones de dólares; La declaración del supuesto dueño de Zecapan está plagada de inconsistencias.
El caso
La carpeta de investigación 16/2021, que la FGR tiene contra Anaya Cortés, es la misma en la que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury está vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, y sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.
La indagatoria derivó de la denuncia presentada en agosto de 2020 por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señaló a diversos funcionarios y exservidores por supuestos actos de corrupción.
Con esta denuncia, Lozoya Austin buscaba que la FGR le concediera un criterio de oportunidad con el que buscaba librar las acusaciones en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
En el caso específico de Anaya, el exdirector de Pemex lo señaló por formar parte del bloque de legisladores panistas que supuestamente recibieron sobornos por parte de la administración pasada para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según la FGR, el voto de Anaya a favor de la reforma energética es uno de los datos de prueba que tiene contra el excandidato para acreditar que recibió 6 millones 800 mil pesos como soborno por parte de Lozoya Austin, a través de su exjefe de escoltas Norberto Gallardo, en 2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, luego de que la FGR dio a conocer este dato sobre la investigación contra Anaya Cortés, el exlegislador panista afirmó que su voto fue emitido ocho meses antes de la supuesta fecha de entrega del dinero señalada por Lozoya Austin y que dicha entrega del numerario ocurrió seis meses después de que él dejó de ser diputado federal.
De las 70 personas mencionadas por Lozoya en su denuncia, Anaya es el segundo al que la FGR intenta presentar ante la justicia federal. Hasta ahora, Lozoya no ha logrado concretar el criterio de oportunidad que solicitó a la Fiscalía General de la República.
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