El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevó a cabo una conferencia para dar un posicionamiento sobre Caso Ayotzinapa
El Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala porque durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y “de dónde había que mandar a los jóvenes”, reveló este jueves el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más; el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados”, expresó este jueves Ángela María Buitrago Ruiz, experta del GIEI.
Los integrantes del GIEI dijeron que había una relación directa entre miembros del Ejército, policías y criminales; que Guerreros Unidos, familiares de los 43, y policías locales y estatales en la región eran vigilados por Sedena con el programa de espionaje Pegasus.
El experto Carlos Martín Beristáin relató que en el informe del GIEI “está consolidado” que el crimen organizado estuvo vinculado con parte de la Fuerza Pública en la desaparición de los 43 normalistas
“El crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública, parte del Ejército, policías, municipales estatales, Federal, con los hechos”, refirió
“Tenemos muchas más cosas en la mano, no se trata nada más de declaraciones sino de archivos oficiales, de la Sedena , Cisen y varios corporaciones del Estado”, indicó.
Asimismo, señaló que el Ejército tenía personal matriculado en la Escuela Normal Rural y conoció de las actividades de los normalistas, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.
“No son opiniones ni valoraciones, están basadas en documentación”, señaló.
El nuevo informe describe que al menos dos militares tuvieron “procesos disciplinarios”, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre.
“Nada de esto lo sabíamos, todo esto se negó durante el proceso, pero no sabemos el contenido”, adujo
Comunicación interna
En rueda de prensa, el GIEI indicó que desde febrero de 2022 entregaron un informe al Gobierno federal en el que daba a conocer que, después de que les abrieron los archivos de la Sedena, encontraron que el Centro Regional de Inteligencia Militar existía desde el 2014, aspecto que se negó porque las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto aseguraron que inició en 2015, y que en ese centro se realizaron los monitoreos.
Además, tuvieron conocimiento de que las intercepciones a las comunicaciones son desde el 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2014, lo que mostraría algunos de los jóvenes seguían con vida días después de su desaparición.
Además, se expuso que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, autoridades interceptaron interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los normalistas y a dónde había que mandarlos.
“Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en estos días”, detalló
Apuntó que hay avances en la investigación “que vienen de lejos, de un trabajo cuidadoso, independiente, y que se ha tratado de ocultar durante cierto tiempo”.
El informe que hoy releva el GIEI también da a conocer que el 5 de octubre sí existió la “War Room”, una reunión de altos mandos de todas las corporaciones, pero que se desconocen los reportes de quienes participaron en esas reuniones y tampoco hay contenido, de las decisiones y las acciones para la búsqueda.
Ángela María Buitrago apuntó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador fue quien dio su autorización para revusar los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
“La autorización para entrar a esos archivos vino del comandante supremo de las fuerzas militares, de Andrés Manuel López obrador, y por lo tanto no podía haber oposición de ningún subalterno, y por lo tanto nos entregó la autorización al GIEI”, adujo
“Empezamos a encontrar desde el año 2021 partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27 de la 5 militar, del batallón 41, del 50 y de la Región Central Méxco DN-1, que pertenecen a la Sedena”, contó
Derivado de estos archivos , Buitrago apuntó que se pueden decir tres cosas categóricamente
- Existían proceso de intervención telefónica
- Existían monitoreos de comunicación es de Guerreros unidos y otros autoridades
- Existía una orden de realizar estas interceptaciones apersonas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos
“Estos datos muestran, sin lugar a dudas que e está llevando a cabo los hechos 26 y 27 de septiembre de estos monitoreos”, reiteró.
Quinto autobús
Claudia Paz declaró que fue confirmado en el informe la existencia de un quinto autobús, ocultado por las autoridades federales, y que confirma las indagatorias de autoridades de los Estados Unidos sobre trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.
“Uno de los autobuses tomados por los estudiantes, quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, prosiguió.
“El autobús existió, salió esa noche detrás de la Central Camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando los muchachos. Fue detenido (…) Sorprendentemente pudo pasar todos los retenes”, mencionó.
En las intervenciones llevadas a cabo por autoridades estadounidenses “se da cuenta de la comunicación entre integrantes del crimen organizado y distintas autoridades locales y federales”, adujo.
Anotó que hay al menos cuatro mensajes que se refieren a “comidas” entre Guerreros Unidos y miembros del Ejército, con expresiones de las cuales se desconoce su significado.
En las conversaciones se menciona posiblemente integrante del Ejército, que fue identificado por el GIEI como el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, y que pese. que se ordenó su captura en agosto pasado, la orden fue revocada de forma “inexplicable”.
“La conversación dice: ‘voy a ir a Telo a traer cosas y ver al coronel Nieto. para que esté bien todo’. Este nombre coincide con la persona que fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería durante los hechos: coronel Rafael Hernández Nieto”, acusó.
Se solicitó su orden de aprehensión el 16 de agosto del presente año, porque consideró que había participación en la desaparición de los 3 estudiantes. Esta orden fue inexplicablemente revocada”, anotó
Hay mensajes sobre el 27 batallón de la Sedena y conversaciones que se refieren a la Marina, “las cuales deben ser investigadas”.
“Estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con miliares”, puntualizó
El GIEI manifestó que otro elemento de ruptura es la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión por el Ministerio Púbico, ello al señalar que no se conoce el fundamento de esas cancelaciones.
Conversaciones
El Grupo Interdisciplinario también reveló que por petición de los padres de los normalistas desaparecidos hace ocho años la noche de Iguala van a analizar los mensajes de texto y capturas de pantalla publicados en el Informe de la Presidencia del Caso Ayotzinapa de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj).
“Encontramos dos modos diferentes de escribir, en la terminología, en las claves. (Estos mensajes) deben ser verificados con los demás documentos para afirmar si coinciden o no con los documentos que tiene la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional)”, dijo Ángela María Buitrago Ruíz, miembro del GIEI.
La especialista además reveló que muchas de las conclusiones a las que llegó el informe de la Covaj se lograron gracias al material que trabajaron en conjunto, pero no así los mensajes de texto y capturas de pantalla las cuales conocieron apenas el 23 de septiembre.
“Se deben hacer los análisis especiales, verificar la información para judicializar estos hechos, siempre y cuando encontremos los elementos que nos permita judicializarlos. Al GIEI le gusta tener certeza sobre los elementos que incorpora, porque no da ninguna noticia que no tenga comprobada”, dijo la especialista criticando el informe de la Covaj y de Alejandro Encinas.
Buitrago Ruíz además compartió que seguirán en el caso por solicitud de los padres de los normalistas desaparecidos y se comprometieron a no adelantar ningún tipo de información hasta que tengan el informe final.
“No queremos hacer conclusiones apresuradas, el apresuramiento ha traído muchas cosas, ni calificaciones, ni descalificaciones, queremos esperar el informe final para hacer una entrega formal”, concluyó.
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CAB
