Keren Selsy, víctima de tortura sexual y discriminación, lleva 7 años privada de su libertad por delitos que no cometió, denunció el Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció violaciones a derechos humanos en contra de Keren Selsy Ordoñez, sobreviviente de tortura y víctima de discriminación por razones de género, y quien ha estado privada de su libertad en Apizaco, Tlaxcala, durante más de 7 años por delitos que presuntamente no cometió.
El 11 de diciembre de 2015, miembros de la policía federal y de la policía de Tlaxcala detuvieron sin una orden a Keren Ordónez, de entonces 19 años, junto con su hija a quien había dado a luz un mes antes, y a su entonces pareja, y la acusaron de supuestamente participar en un secuestro.
Los hechos ocurrieron cuando Keren salió de casa de sus padres acompañada de su hija recién nacida para dirigirse al domicilio de su entonces pareja, quien le iba a dar dinero para la manutención de la menor de edad.
Una vez ahí, según los miembros del Centro Prodh que asumieron el caso, elementos de la Policía Federal y la policía del cercano estado de Tlaxcala detuvieron a Keren, su pareja, su hija y una cuarta persona, acusados de participar en un secuestro.
Primero, en la Fiscalía de Veracruz, fue interrogada, torturada y amenazada con hacer desaparecer a su bebé, que todavía no contaba con una partida de nacimiento.
Después, ya en Tlaxcala, la forzaron a firmar una declaración en la que se autoinculpaba de participar en el secuestro de otra mujer, a la que supuestamente cuidaba.
Mientras todo esto sucedía, ni ella ni sus padres conocían el paradero de la bebé, que había sido dada en adopción sin haberlo notificado previamente a la familia.
“Localicé a mi nieta cuando ya la habían dado en adopción. Cuando me la regresaron tenía sarna. Ahorita ya tiene siete años y la necesita (a su madre)”, dijo Siria Hernández, madre de Keren, en una conferencia de prensa en Ciudad de México.
Ella lleva siete años luchando pese a las dificultades económicas, lo que, aseguró, les ha impedido conseguir la liberación de su hija.
“No porque seamos pobres no valemos. Si los abogados de oficio hubiesen hecho su trabajo ya estaría fuera”, lamentó.
Condena
Después de un proceso judicial en el que contó con “una defensa pública inadecuada”, Keren fue condenada a 50 años de prisión, de los que ya ha cumplido siete en un penal de mujeres de Tlaxcala, expuso Neftalí Pérez, integrante del Centro Prodh.
Aunque su ex pareja y padre de su hija, también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión.
“Keren, por ser encontrada culpable por los mismos delitos, fue condenada a 50 años. Eso es discriminación por motivos de género”, prosiguió Melissa Zamora, también miembro de la organización.
Además, añadió Zamora, en el proceso no se tuvo en cuenta la especial vulnerabilidad en la que se encontraba, económica y de salud, y se empleó “su identidad de mujer joven y madre para vincularla con el rol de cuidadora de la persona secuestrada”.
Ahora, a Keren le han otorgado un amparo directo, que abre la puerta a que el juzgado de Apiazco (centro de Tlaxcala) que la condenó revise su caso.
A pesar de que se trata de una buena noticia para este caso, desde el Centro Prodh alertaron que hay más mujeres en la misma situación en los estados mexicanos, donde no llegan los esfuerzos federales.
“Con este caso queremos reflejar una problemática mucho más grande”, sentenció Pérez.
En búsqueda de justicia
Melissa Zamora, del Centro Prodh, recalcó que el caso es representativo de las realidades que viven las mujeres privadas de su libertad, así como de un sistema de justicia desigual y discriminatorio.
Reiteró que las autoridades han sido omisas de la vulnerabilidad que vivía Keren al momento de su detención, ya que era una madre joven con un recién nacido, que no contaba con apoyo para la manutención de su hija. Esto, apuntó, la colocó en el lugar de la detención cuando ocurrieron los hechos, ya que había sido citada por su expareja para recibir los recursos económicos necesarios.
Melissa Zamora subrayó que su expareja recibió una condena de 4 años, misma que ya compurgó y actualmente se encuentra en libertad, lo que muestra la desigualdad y discriminación por razones de género.
Por último, anunció que el caso de Keren se sumaría a la campaña del Centro llamada Rompiendo el silencio, diseñada por las Mujeres de Atenco, que recoge 29 casos.
La campaña busca visibilizar y combatir la tortura sexual y por razones de género en contra mujeres que son atacadas y/o detenidas por agentes policiales o castrenses, así como evidenciar que se comete con diferentes objetivos, como represión, intimidación, humillación y generación de pruebas inculpatorias, entre otros.
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