Ex funcionarios y servidores públicos fueron señalados y encarcelados este año por delitos como tortura, delincuencia organizada, lavado de dinero y sobornos.
Entre la clase política, algunos representantes de ésta resaltaron en 2021, pero no precisamente por su labor legislativa o algún mérito, sino por estar presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, lavado de dinero y sobornos.
Algunos de sexenios anteriores y otros de la actual administración, de los cuales unos están en cárceles junto con narcotraficantes y delincuentes de gran talla, mientras que otros aún siguen en espera de librarse de algunas acusaciones y no pisar una celda. Entre ellos destacan los siguientes nombres.
Francisco García Cabeza de Vaca
El 23 de febrero, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Al día siguiente, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el procedimiento en contra del gobernador de Tamaulipas se realizaría con transparencia y no habría “venganza de ningún tipo”.
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
En conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal indicó el 24 de febrero que las pruebas de las denuncias contra el gobernador se entregarían a todos los diputados, para que pudieran tener acceso al caso.
El 3 de marzo, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusó que la solicitud de desafuero en su contra contenía suposiciones y especulaciones y aseguró que no existía evidencia alguna de que la investigación proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, fijó postura sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra; descartó que la investigación sea por huachicoleo (robo de combustible) o narcotráfico, como se ha especulado, y detalló que se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
El 4 de mayo, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la declaratoria de procedencia de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas; un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mandatario estatal ya no contaba con el fuero constitucional, pero indicó que el tema debía esperar hasta que fuera resuelto por la Corte. Ésta admitió a trámite dos impugnaciones en contra de la reforma mediante la cual el actual Congreso de Tamaulipas blindó al gobernador contra un posible intento de la próxima legislatura para retirarle el fuero.
El 19 de mayo, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Funcionarios de primer nivel, quienes encabezan la indagatoria, confirmaron que se emitió la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por dos delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero.
Jorge Luis Lavalle
Tras ser extraditado a México, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se dio a conocer que supuestamente envió más de 52 millones de pesos a los legisladores del PAN para votar a favor de las reformas estructurales, entre ellas, la energética; dinero emanado de la empresa brasileña Odebrecht.
Uno de los legisladores que supuestamente habría recibido dinero es Jorge Luis Lavalle, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado quien rechazó dichos señalamientos.
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle. (Especial)
“Es absolutamente falso que haya recibido algo a cambio de mi voto y trabajo para lograr la aprobación de la iniciativa panista que se transformó en la reforma energética. Esta reforma fue planeada desde hace muchos años por el PAN y resulta absurdo que se pretendan ligar los malos manejos que se hicieron en la administración anterior con la aprobación de una reforma que era y sigue siendo necesaria para México”, subrayó.
Emilio Lozoya mencionó a Jorge Luis Lavalle Maury como parte del grupo de senadores del PAN que lo extorsionaba, acudiendo a sus oficinas para exigir hasta 50 millones de dólares para votar a favor de la reforma energética. Según el ex director de Pemex, Lavalle tenía “proyectos políticos” en Campeche y esa era su excusa para pedir más dinero, llevar a contratistas cercanos para que Pemex los favoreciera y amenazaba con boicotear la reforma energética “si no recibían sus sobornos”.
***Prisión preventiva***
El 17 de enero, Jorge Luis Lavalle Maury, fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer respecto a las declaraciones que realizó Emilio Lozoya, en su contra;institución que judicializó la carpeta de investigación que integró contra el ex senador.
El 4 abril, la FGR solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jorge Luis Lavalle Maury, mientras se resolvía su situación jurídica. La FGR argumentó que el ex legislador no tenía domicilio fijo y los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, además de que tiene varias salidas del país.
Cinco días después, un juez federal decretó dicha medida cautelar contra el ex senador por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, Lavalle Maury fue ingresado al reclusorio Norte, pero el 13 de ese mes fue vinculado a proceso por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Roberto Sandoval
El 6 de junio, Fuerzas Federales aprehendieron al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y a su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras un operativo en el municipio de Linares, Nuevo León.
Funcionarios federales informaron que el operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), en el cual participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Lidy Alejandra Sandoval López yRoberto Sandoval Castañeda.
En 2019, Estados Unidos señaló al ex gobernador Sandoval Castañeda de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG). Posteriormente, fue trasladado ante un juez federal ubicado en el Cefereso El Rincón Número 4, con sede en la ciudad de Tepic, para ser presentado y rendir su declaración por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un día después de ser detenido, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex gobernador de Nayarit en el periodo de 2011 a 2017. Durante la audiencia inicial, se determinó que Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex mandatario, permanecería en libertad hasta el 12 de junio.
Justamente ese día, un juez de control vinculó a proceso a Roberto Sandoval, por el delito de ejercicio indebido de funciones. Por ello, el ex funcionario se mantendría en prisión preventiva por lo menos durante cuatro meses, para el cierre de las investigaciones complementarias, y el juez de control dicte sentencia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó el 16 de junio que se cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra el ex gobernador, por delitos relacionados al llamado caso Prosa, derivado de la investigación en el manejo del programa.
En un comunicado, la FGE detalló que esta orden de aprehensión fue girada y cumplimentada por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales en agravio de la sociedad. De acuerdo con la indagatoria, de 2013 a 2017, el Programa de Seguro Alimentario (Prosa) operó mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia, con base en una estructura personal y familiar de Roberto Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar y colaboradores cercanos.
Fue el 11 de noviembre que un juez federal rechazó amparar al ex gobernador de Nayarit, quien buscaba enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y delitos electorales.
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Luis Cárdenas Palomino
Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, y el hombre de mayor confianza del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue capturado durante un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Junto con personal de la Secretaría de Marina y de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Centro Nacional de Inteligencia se cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura. Por tratarse de un delito grave, debería ser encarcelado. El operativo se realizó en un fraccionamiento del municipio de Naucalpan, Estado de México.
Luis Cárdenas Palomino.
La FGR acusó que Cárdenas Palomino ordenó la tortura de cuatro personas, entre ellos, de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, éste último ex pareja sentimental de la francesa Florence Cassez. Cárdenas Palomino fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El 5 de julio se informó que desde el 30 de julio del 2020, en la Corte Federal del distrito este de Nueva York (EDNY), se ingresó una acusación en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía, y Ramón Pequeño García, ex jefe Antidrogas de la misma corporación.
Los cargos por lo que se les acusaron son conspiración internacional para distribución de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuir y conspiración para importar cocaína.
El 12 de julio, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de cuatro presuntos secuestradores.
El ex mando policiaco permanece interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, debido a que el delito del cual se le acusa está tipificado como grave.
Mauricio Toledo
El 25 de enero, la fiscal Ernestina Godoy informó que se investigaría al legislador Mauricio Toledo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, pero primero se buscaría el desafuero del entonces diputado del Partido del Trabajo
En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía capitalina señaló que desde el 2016 a Mauricio Toledo se le encontraron varias propiedades que “no van acorde al salario de un funcionario público”, y que además no ha podido demostrar su procedencia.
Los señalamientos se deben cuando Mauricio Toledo fue jefe delegacional de Coyoacán (2012-2015), ya que se detectó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, que no era acorde con sus ingresos. Específicamente por la compra de tres propiedades valuadas en 34 millones 560 mil 148 pesos, así como ingresos injustificables superiores a 11.4 millones de pesos.
Mauricio Toledo.
El 9 de agosto, la Comisión Permanente aprobó que la Cámara de Diputados realizara un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir, y en su caso aprobar, el retiro de la inmunidad procesal de Mauricio Toledo y fue el 11 de agosto que se avaló con 381 votos a favor el dictamen para desaforar al legislador del Partido del Trabajo (PT).
Ese mismo día, Rafael Chong Flores, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx), informó durante la votación en la Cámara de Diputados para desaforar a Toledo Gutiérrez, que el petista salió de México con destino a Chile desde el pasado 26 de julio.
El 23 de agosto, Mauricio Toledo se presentó voluntariamente ante la Dirección de Asuntos Internaciones de la Corte Suprema de Chile para ponerse a disposición de la justicia.
Un día después, la fiscalía informó que un juez giró una orden de aprehensión contra el ex legislador, y debido a su estadía en Chile solicitó la emisión de la Ficha Roja, a través de Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de la organización internacional. La audiencia de juicio de extradición que se realizaría en Chile en contra de Mauricio Toledo, fue aplazada para el 16 de diciembre.
Saúl Huerta
El 19 de agosto, el diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad.
Tras darse a conocer las denuncias y testimonios de algunas de sus supuestas víctimas y a cuatro meses de iniciado el proceso en su contra, el 11 de agosto la Cámara de Diputados aprobó su desafuero.
Benjamín Saúl Huerta Corona.
El 21 de abril, un menor de 15 años presuntamente fue víctima de tocamientos y abuso sexual en una habitación del hotel Exe Cities Reforma, ubicado en la calle Roma 40, colonia Juárez; Benjamín Saúl Huerta Corona habría sido el supuesto agresor.
La SSC informó que recibió un reporte de una denuncia ciudadana, a través del número de emergencias 911, luego de que empleados del hotel detuvieran a un hombre de 63 años, quien de acuerdo con el adolescente, intentó abusar sexualmente de él.
El menor dijo a los oficiales que, mientras se encontraba con el diputado por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que pidió ayuda al gerente del lugar.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó ese mismo día que que integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio del menor de edad.
Benjamín Saúl Huerta se declaró inocente de la acusación de intento de abuso sexual y afirmó que se trataba de un caso de extorsión y chantaje. En un mensaje de tres minutos a los medios de comunicación en el Palacio de San Lázaro, el legislador poblano aseguró que las autoridades determinaron dejarlo en libertad por no haber incurrido en alguna conducta delictiva, sin necesidad de recurrir a su fuero constitucional.
El 25 de abril, el caso del diputado llegó a la dirigencia nacional de Morena y Mario Delgado, presidente del partido, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido suspender el ejercicio de los derechos políticos al diputado federal Benjamín Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal. Ese mismo día la bancada de Morena decidió separar de su Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados al legislador
El 11 de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados retiró el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta y declaró procedente el ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual agravado contra menores de edad.
El 19 de agosto, un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso al diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, luego de que su defensa legal no se opusiera a la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para procesar al ex morenista.
El juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al tratarse de un delito grave, por lo que permanece preso en el reclusorio Oriente. Pero será el próximo 21 de febrero cuando se estaría llevando a cabo una nueva comparecencia para continuar con el caso del ex legislador.
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EDFM
