Capturar o matar serpientes protegidas en México puede derivar en fuertes sanciones legales, incluyendo condenas de prisión de hasta nueve años
Capturar, cazar o sacrificar serpientes protegidas en México se considera un delito grave que puede tener severas consecuencias legales que van desde elevadas multas económicas hasta tiempo de prisión.
Las leyes ambientales de nuestro país, como el Código Penal Federal y la Ley General de Vida Silvestre, imponen sanciones estrictas para quienes atenten contra especies silvestres en peligro, incluyendo una gran cantidad de víboras y serpientes endémicas de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) señala la importancia de respetar estas normativas para preservar la biodiversidad y evitar delitos de oficio.
Sanciones legales por captura y sacrificio de serpientes
Las sanciones pueden incluir desde costosas multas hasta penas de prisión, de acuerdo con lo estipulado en la legislación ambiental mexicana. En los últimos meses, se han reportado casos de captura y sacrificio de estos animales con fines ilícitos. Un ejemplo reciente fue el caso en Guasave, Sinaloa, donde varias serpientes fueron sacrificadas en una tienda de mascotas. El personal de PROFEPA intervino rápidamente, realizó una inspección y levantó un acta para iniciar las investigaciones.
Especies protegidas y sus categorías de riesgo
En ese caso específico, las serpientes sacrificadas pertenecían a la especie Crotalus molossus (víbora de cascabel), clasificada bajo la categoría de “protección especial” en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La captura o sacrificio de cualquier especie protegida es un delito federal, sancionado con penas de uno a nueve años de prisión, además de multas que pueden variar entre 300 y 3 mil días de salario mínimo.
Multas adicionales y agravantes por caza ilegal Además de las sanciones penales, la Ley General de Vida Silvestre contempla multas administrativas que van desde 50 hasta 50 mil veces el salario mínimo por infracciones relacionadas con la captura, caza o pesca de especies protegidas. Si estas actividades ilegales se realizan en áreas naturales protegidas o con fines comerciales, las penas pueden incrementarse en hasta tres años adicionales de prisión, junto con multas de hasta mil días más.
Llamado de PROFEPA para la protección de la fauna silvestre
La PROFEPA ha reiterado su rechazo a cualquier práctica que ponga en peligro a las especies en riesgo de extinción, exhortando a la ciudadanía a proteger los recursos naturales de México. La delegación en Sinaloa subraya que ignorar la ley también constituye un delito, y que su personal está capacitado para atender de manera eficiente y legal situaciones relacionadas con la fauna silvestre.
Capturar o sacrificar especies protegidas no solo daña la biodiversidad del país, sino que también implica severas consecuencias legales. PROFEPA invita a la población a contactar a las autoridades en caso de encontrar fauna silvestre, evitando cualquier acción que ponga en riesgo la viabilidad de estas especies.
Te puede interesar: Enorme pitón atrapa a mujer tailandesa y la aprieta por 2 horas
En México, las sanciones por delitos contra la vida silvestre están estipuladas principalmente en el Código Penal Federal y la Ley General de Vida Silvestre, donde se detallan las penas por capturar o sacrificar especies protegidas. La NOM-059-SEMARNAT-2010 es la norma oficial que clasifica las especies de fauna y flora silvestre bajo alguna categoría de riesgo. En el caso de las serpientes, muchas especies, como la Crotalus molossus (víbora de cascabel), están catalogadas en la categoría de “protección especial”, lo que significa que, aunque no están en peligro de extinción, requieren medidas adicionales para su conservación. Además, en términos de sanciones, las multas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en salarios mínimos, a partir del 2016, cuando la UMA sustituyó al salario mínimo como referente en la imposición de multas. En 2024, el valor de una UMA es de $103.74 pesos mexicanos diarios, lo que implica que las multas pueden oscilar entre $31,122 y $311,220 pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad del delito.
