El hartazgo social, la apatía y la pérdida de la credibilidad hacia los partidos políticos existentes, lograron modificaciones a la Constitución para que fuera aprobada y fortalecida la figura del candidato independiente
Con la reforma electoral de 2014 nuestro sistema legal democrático integró la figura de candidatos independientes, como respuesta –dicen algunos– a la imperfección del sistema de partidos que han convertido al Estado en un fallido de la democracia representativa.
Si bien los partidos fueron creados por las democracias para representar intereses e ideales sociales, lo que los convierte teóricamente en “voluntades colectivas”; un sistema político se atrofia cuando los partidos pierden singularidad ideológica y programática, lo que hace que disipen el sentido de representar el interés público al que se deben.
En México, el hartazgo social, la apatía y la pérdida de la credibilidad hacia los partidos políticos existentes, resonó en distintas voces que llevaron al Congreso modificaciones a la Constitución para que fuera aprobada y fortalecida la figura legal de candidato ciudadano independiente, la cual buscó garantizar la participación de cualquier mexicano mayor de 18 años a algún puesto de elección popular (presidencia, senaduría, diputación), y con ello tener acceso a los recursos públicos para sus campañas y tiempo en radio y televisión.
Para participar en el proceso electoral vía una candidatura independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) exigió a los ciudadanos presentar una manifestación de intención de participación así como sus datos personales, lo que incluía una cuenta bancaria a nombre de alguna asociación civil, para que, de cumplir con todos los requisitos solicitados, el INE le depositara los fondos para la campaña a los que tiene derecho.
Además, los ciudadanos que desearan alcanzar un lugar para aparecer en la boleta electoral, debían recabar un porcentaje de firmas que reflejara el apoyo social con el que contaban, dependiendo de su aspiración política.
Para la Presidencia de la República, los candidatos debían reunir la cantidad de firmas equivalente a 1% del total en la lista nominal de electores, es decir, 866 mil 593 firmas. Los que buscaban una senaduría, tenían que recabar el 2% de firmas de la lista nominal del estado que buscaban representar en al menos la mitad de los distritos de la entidad. Mientras que para las diputaciones federales, las autoridades electorales exigieron las firmas equivalentes al 2% del listado nominal del distrito por el que esperan contender, además de que las mismas debían recabarse en por lo menos la mitad de las secciones electorales.
Bajo estas normas el INE recibió 364 intenciones de participación ciudadana, de las cuales, 87 personas expresaron su deseo de participar como candidatos independientes en la elección presidencial, 78 para una senaduría federal y 240 deseaban un escaño en una diputación.
La fiebre por la participación “independiente” llevó a varios políticos experimentados a intentar lograr su registro sin la presión partidista; exgobernadores, exsenadores, exdiputados, exestrategas de partido, dirigentes de partidos sin registro, activistas, periodistas, médico tradicional, representante de pueblos indígenas, defensores de los derechos de afrodescendientes, economistas, empresarios, abogados, dramaturgos, académicos, filántropos, y hasta youtubers, fueron algunos de las profesiones e historiales que llegaron al INE.
Tras semanas de recolección de firmas en la app que el órgano electoral puso a disposición de los candidatos, y luego de cerrarse los plazos de presentación de las mismas y evaluación, cotejamiento y aprobación, el INE informó que solo una persona cumplió con los requerimientos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la candidatura independiente a la Presidencia de la República, siete para alcanzar una senaduría para los estados de Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, y 40 ciudadanos más lograron los requisitos para ser candidato independiente para diputado.
Para el caso de los aspirantes a la Presidencia, el INE señaló que de los tres aspirantes “punteros”, Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala, sólo esta última había obtenido el número de firmas válidas para lograr que su nombre aparezca en la boleta junto a los otros tres candidatos partidistas.
El Instituto explicó que al detectar que los tres aspirantes presentaron inconsistencias mayores al 10%, se procedió a la revisión de todos los apoyos recibidos, es decir más de 3.3 millones de registros, invalidándole a Rodríguez Calderón y a Ríos Piter cientos de miles de firmas por la duplicación en su registro e inconsistencias varias como simulación y fotocopias, lo que los dejó fuera del proceso.
Aunque todavía falta el periodo de impugnación para la resolución final, muchos de los participantes rechazados han señalado que esta nueva imagen de participación ciudadana es sólo una simulación más que limita a quienes realmente desean renovar el sistema político en nuestro país, denuncian trabas por parte de la autoridad electoral y “letras chiquitas” en las ordenanzas de la legislación que se convierten en obstáculos legales para participar.
Bajo estos argumentos, habría que preguntarnos qué es lo que realmente necesita la legislación mexicana en materia de democracia, ¿seguir amoldándose al deseo de unos cuantos o aperturarse al gusto de otros tantos?
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