Separate but equal fue la doctrina Estadounidense para justificar la segregación racial en espacios públicos como escuelas y medios de transporte a mediados del siglo pasado.
Distintas pero iguales. El argumento era que la segregación no violaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza “igual protección” ante la ley para todo ciudadano. En teoría, la escuela para niñas y niños de color no era cuantificablemente inferior a la escuela para niñas y niños blancos. En práctica, sin embargo, las condiciones generadas eran axiomáticamente distintas.
Desde esta perspectiva podemos entender la separación de poderes en nuestro país. El ejecutivo, el legislativo, y el judicial se presuponen como entidades distintas pero iguales. Lamentablemente, el ejecutivo históricamente ha ejercido una presión predominante sobre las otras dos. Desde 1994, el presidente Zedillo emprendió una campaña de sana distancia entre su figura y su partido político, pretendiendo fomentar condiciones para una más amplia democracia, cosa que se extendió a una mayor autonomía del Congreso y la Suprema Corte respecto a Presidencia. La idea era “yo no me meto contigo, si tu no te metes conmigo”, y efectivamente, por casi 30 años así fue.
Específicamente hablando del poder judicial, entre el 1995 y el 2022, no hubo un solo caso donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera reversazo a una política prioritaria del presidente de la república. En el sexenio de Fox, la corte reconoció el derecho presidencial de vetar el presupuesto público. Después, cuando Calderon emprendió su guerra contra el sindicato electricista, fueron declarados improcedentes los amparos en contra de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Con Pena Nieto, la corte declaró la invalidez de la consulta en materia energética y procedió a ratificar sus reformas más estructurales. Incluso durante los primeros años del sexenio actual, la corte se abstuvo de comprometer la creación de la Guardia Nacional, permitiendo avances en la militarización de la seguridad pública.
Durante todo este tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió su influencia por medio de incrementos presupuestales, la promoción de la imagen pública de sus ministros primeramente por medio de un canal de televisión financiada por el gobierno federal y ahora en redes sociales, así como la creación de una red de Centros de Estudio y Casas de la Cultura Jurídica en casi todos los estados de la república.
Distintas pero iguales
Lamentablemente, estos años de sana convivencia entre el presidente y la corte han llegado a su fin. Hace un año que comenzó una confrontación abierta donde los ministros cuestionan las políticas públicas que el presidente envía al congreso de la unión. De manera recíproca, el presidente aprovecha sus conferencias mañaneras para desprestigiar moralmente a los ministros y exigir cambios tanto en la administración de la corte como en los perfiles que conforman la misma.
Para nadie fue sorpresa que el presidente nombrara como Ministra de la Suprema Corte a Lenia Batres, alguien que por décadas ha trabajado por el proyecto de la cuarta transformación. Para el presidente era importantísimo tener un inside man.
Recordemos que Lenia Batres anteriormente había fungido como consejera jurídica a la presidencia. Además es hermana de Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Su hermana, Valentina, es Diputada Federal. Su hijo, Emiliano, es jefe de departamento de servicios generales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y como si fuera poco, Ulises Lara, padre de su hijo, despacha como encargado de la Fiscalía General de la Ciudad de México. ¿Así o más servil quieres a tus ministros?
Este es el contexto en el que podemos ver el futuro de la Suprema Corte. Se dice que son poderes “distintos pero iguales”, aunque los hechos nos muestran una realidad totalmente distinta. En el momento que uno desafía al otro, se cambian las condiciones para apaciguar la crítica y el contrapeso. La corte está jugando con fuego cada que somete a debate las políticas del ejecutivo. Un ejemplo claro fue cuando vetaron el “Plan B” de la reforma electoral del 2023. Desde ese momento se jugaron su autonomía y libertad deliberatoria.
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Los próximos meses serán clave en el debate para decidir la reforma judicial del presidente Lopez Obrador. Desde su perspectiva, los ministros y jueces federales deberían ser elegidos por voto popular. Su justificación es que los ministros se encuentran totalmente enajenados de las problemáticas que aquejan a la ciudadanía y deliberan desde una perspectiva anacrónica a las necesidades de México.
El contrapunto de este argumento es que esto eliminaría la esencia del contrapeso que juega el sistema judicial respecto al legislativo. La corte se conformaría de ministros con una ideología esencialmente igual a la de nuestros diputados y senadores. Se eliminaría el diálogo y la crítica respecto a reformas constitucionales porque vendrían de la misma perspectiva.
Para mantener el orden de las cosas, necesitamos encontrar un balance ideológico donde las grandes decisiones de este país se tomen desde un lugar de consenso, entendimiento, y sobre todo, respeto. Regresar al pacto de no agresión sería el primer paso a una estabilidad democrática rumbo al sexenio entrante.
Glenn Ernesto Beltrán Padilla
