La reforma constitucional será turnada a los 32 congresos locales, con el fin de que al menos la mitad más uno de ellos la ratifiquen y pueda entrar en vigor
La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular el dictamen con el que se extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.
Con 339 votos a favor y 155 en contra, el dictamen ahora deberá ser discutido en los congresos locales. Se requiere que sea aprobado en la mitad de ellos, es decir, en 17.
Los votos a favor correspondieron a casi la totalidad del grupo parlamentario de Morena (199), las bancadas completas de PVEM (41) y PT (32), la mayoría de los legisladores del PRI (64) y tres diputados del PRD.
En contra votaron los grupos parlamentarios del PAN (133), Movimiento Ciudadano (25), así como 12 diputados del PRD, dos del PRI y los morenistas Inés Parra, Roberto Valenzuela y Manuel Vázquez Arellano -antes conocido como Omar García-, sobreviviente de Ayotzinapa.
Las abstenciones correspondieron a la diputada morenista Adela Ramos y a la priista María José Sánchez.
La minuta fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales con 28 votos a favor y 10 en contra.
Pasa a las legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México para los efectos correspondientes.
El proyecto de decreto reforma el artículo Quinto Transitorio del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de Guardia Nacional’.
El dictamen, proveniente de la Cámara de Senadores, establece extender nueve años la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto que la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
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Durante esos nueve años que concluyen en 2028, pues el decreto entró en vigor en 2019, y durante ese periodo el Presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas, aunque originalmente se tenía previsto fuera hasta 2024.
El dictamen indica que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución Política.
Además, señala que las acciones que lleve a cabo no sustituirán a las de las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirán a estas autoridades de sus responsabilidades.
Establece que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral, “proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Este informe será analizado por una Comisión Bicamaral que se creará en un plazo no mayor de 60 días desde la entrada en vigor del decreto.
El dictamen indica que la Cámara de Senadores garantizará que luego de 2028, la Fuerza Armada concluirá su participación en las tareas de seguridad pública, para que éstas sean asumidas completamente por la Guardia Nacional, así como por las policías estatales y municipales.
Entre los cambios introducidos por el Senado, está el de la creación de un fondo permanente de apoyo a los estados y municipios a partir del ejercicio fiscal 2023. Este fondo no podrá ser menor porcentualmente que el incremento en los recursos destinados a la Fuerza Armada permanente y a la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública.
Este fondo se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el número de habitantes con que cuenta cada estado, según datos del INEGI.
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CAB