Asociaciones y Colectivos Feministas de México denunciaron a los gobernadores Vizcaíno, Céspedes y Monreal por las agresiones y el uso de armas químicas en contra de las mujeres el 8M
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas ONU-Mujeres y Amnistía Internacional fue enviada una carta que relata las violaciones de las fueron víctimas las manifestantes.
Se disponen a integrar un expediente con las denuncias de las mujeres que fueron apresadas ilegalmente, golpeadas, sometidas a tratos crueles y torturas para documentar y denunciar la violación de sus derechos.
Solicitaron a las organizaciones una veeduría internacional que visite México, levante un informe independiente de las actuaciones del Estado y emita recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.
We R Women on Fire, Resistencia Radical Zacatecas, Brujas del Mar y No es Una, Somos Todas; hicieron llegar a organismos internacionales un carta en la que denuncian que fueron víctimas de agresiones por parte de los gobernadores de Colima, Indira Vizcaíno, de Puebla, Salomón Céspedes y de Zacatecas, David Monreal; de autorizar el uso de la fuerza y gas pimienta por parte de la policía de dichas entidades, violando tratados internacionales de derechos humanos, la constitución mexicana y además golpearon, cercaron y apresaron ilegalmente a las mujeres, niñas y niños que conmemoraban el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.
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La misiva dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONU-Mujeres y Amnistía Internacional; externa: “Nos permitimos dirigirnos a ustedes para hacer de su conocimiento la atroz violación de derechos de la que fuimos víctimas las activistas mexicanas el pasado 8 de marzo del presente año 2024. Los colectivos, activistas y ciudadanas cumplimos con la agenda de reivindicar nuestro derecho a una vida libre de violencia y exigimos justicia ante la inacción del Estado. La manifestación fue pacífica y enmarcada en el ejercicio constitucional de nuestros derechos”.
Asimismo, las Asociaciones y Colectivos Feministas, agregaron: “Las razones para marchar son vitales. Desde el 2018 a la fecha, más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes fueron asesinadas cada año – 11 mujeres todos los días – , tan sólo el 24% de estos 3000 asesinatos anuales de mujeres se juzgaron como feminicidios y, por si fuera poco, en los feminicidios hay una impunidad acumulada del 56% y la impunidad en homicidios dolosos de mujeres es del 92.8% a nivel nacional. Solo en 7 de cada 100 casos el responsable recibe una pena”.
“En estados como Colima y Zacatecas la gente ya no vive, la gente sobrevive. La pugna de las organizaciones del crimen organizado en complicidad con el Estado y sus autoridades, por controlar el territorio, han manchado de sangre sus senderos, asfixiado las exigencias de libertad, sometido a sus pueblos a padecer la inseguridad, la impunidad y la violencia permanente”.
Por ello, solicitaron el apoyo y respaldo de los organismos internacionales para que:
1.- A la ONU-Mujeres, a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y a la Corte Internacional de los Derechos Humanos; envíen una comisión especial evaluadora para levantar los testimonios de las víctimas de los sucesos acaecidos el 8 de marzo de 2024.
2.- Interceda ante los organismos mexicanos competentes, demandando la inmediata liberación de todas las detenidas ilegalmente.
3.- Solicite información al estado mexicano del tipo de armas que utilizó para reprimir la manifestación pacífica, violando de manera expresa los protocolos de Roma y de Viena y múltiples normas internacionales, de las cuales es firmante .
4.- Emita una serie de recomendaciones para la protección y garantía de los derechos, no sólo de las manifestaciones que promueven una vida libre de violencia para las mujeres, sino de cualquier movilización pacífica en México.
5.- Censure y exprese su rechazo categórico ante las actuaciones de la gobernadora Vizcaíno y los gobernadores Céspedes y Monreal, para que actuaciones lesivas del derecho a la libertad de expresión y violatorias del derecho a la manifestación, no pasen desapercibidas.
Para las Asociaciones y Colectivos Feministas que firmaron esta carta, afirmaron que: “La respuesta del Gobierno ha sido brindar cobijo a la violación perpetrada por sus socios políticos, invisibilizar el atentado contra las mujeres, amordazar las exigencias de la restitución del Estado de Derecho y amenazar a nuestras valientes hermanas que decidieron levantar la voz. Es inaceptable esta flagrante vulneración de los derechos humanos. La respuesta de las instituciones que deberían garantizar el derecho, ha sido guardar un silencio cómplice”.
Concluyen solicitando una “veeduría internacional independiente, para que las actuaciones ilegales no queden impunes, y para que nunca más el mundo vuelva a ser testigo de las cobardes agresiones que hemos expuesto. Los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley y tememos que, por el contrario, se les cobije desde el poder”.
