A mediados de junio, la Fiscalía presentó una moción para introducir nueva evidencia. Afirmó que cuenta con grabaciones
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se opuso a que la Fiscalía introduzca más evidencia en el caso, ya que la considera “irrelevante” y no relacionada con la causa que se le sigue, además de que tiene la intención de influir en el jurado.
En un documento de 20 páginas remitido la noche del miércoles al Tribunal de Distrito de Nueva York, el bufete jurídico del abogado César de Castro, revela que el principal testigo del gobierno en contra del exfuncionario es Jesús ‘El Rey’ Zambada, hermano del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Argumenta que Zambada fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2010, en los tiempos en que García Luna fue titular de Seguridad Pública.
Igualmente pidió excluir al informante del gobierno, que obtuvo grabaciones del exfuncionario mexicano en la cárcel, cuando supuestamente se hizo pasar por un miembro de la mafia rusa preso.
La defensa lo identificó como a Ruslan Mirvis, un “pornógrafo infantil” de 39 años, quien fue arrestado en 2017 y acusado formalmente de una violación, lo que le traería una pena de 15 años de cárcel si es declarado culpable.
“Al señor Mirvis se le negó la libertad bajo fianza dos veces antes de acudir al gobierno con su plan”, señala, al tiempo que apunta a que su participación en el caso fue un intento “desesperado” de obtener la libertad cautelar, debido a los abusos sufridos por parte de otros presos.
Según la Fiscalía, en las conversaciones obtenidas se habla del plan del exfucnionario mexicano de ejercer violencia contra los testigos, para lo que incluso llamaron a un agente encubierto desde la cárcel.
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Señala que Mirvis, compañero de celda de García Luna, tuvo acceso a sus notas personales y a los nombres de las personas involucradas en el caso, por lo que vio su oportunidad para ofrecer ayuda al gobierno.
Explica que se le instaló un dispositivo que grabó las 24 horas del día durante 20 días, con lo que se obtuvieron 500 horas de grabaciones, de las que la Fiscalía solo utilizó dos minutos como prueba de que el mexicano intentó manipular testigos.
“De esos dos minutos, aproximadamente la mitad es incomprensible y en gran parte inaudible”, dice la defensa, que rechaza que juntos llamaran desde prisión a un agente encubierto.
Sobre la periodista que será testigo en el caso, los abogados señalan que “si bien el gobierno no proporciona detalles de la identidad, es probable que se refiera a Anabel Hernández y su afirmación pública de hace una década de que escuchó que alguien la amenazó en nombre del señor García Luna”.
“Estos viejos reclamos fueron investigados y encontrados increíbles”, apuntan. Los defensores dicen en el documento que Hernández tiene una “vendetta personal” contra el exsecretario, desde que empezó a escribir sobre él en 2007.
Para intentar desacreditar a la periodista, el despacho de abogados cita un comentario de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien dijo que la reportera escribía “chismes sin rigor”, en el contexto de los señalamientos hechos por Anabel Hernández sobre gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico, particularmente una supuesta protección al Cártel de Sinaloa.
Por lo tanto, piden que Hernández sea excluida como testigo del caso, al igual que el testimonio del informante.
Señalan que los intentos del gobierno de admitir alegaciones falsas, increíbles e indebidamente perjudiciales se alejan de los cargos de la acusación y están “simplemente diseñadas para prejuiciar al jurado contra el señor García Luna”, por lo que deben denegarse.
Testigos
El equipo legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) durante la Administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, presentó una moción ante la Corte del estado de Nueva York para que se evite la adición de evidencia adicional en contra de su cliente por presunta amenaza de testigos y acoso a periodistas, incluyendo la presencia de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, exoperador del Cártel de Sinaloa, como testigo principal.
De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández del diario Milenio, la defensa de García Luna alegó que uno de los informantes que colabora con autoridades estadounidenses en realidad es un “abusador de menores” que supuestamente colaboró con el único fin de reducir una sentencia por posesión de pornografía infantil.
Asimismo, dentro de la moción presentada ante la Corte del estado de Nueva York para evitar nueva evidencia en contra del extitular de la SSP por presunta manipulación y amenaza de testigos y acoso a periodistas, se confirmó que el exoperador del Cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo Zambada”, Jesús “El Rey” Zambada, sería la persona principal que testificaría en contra de García Luna.
“En 2010, con esta nueva plataforma [de inteligencia], las autoridades mexicanas pudieron arrestar y extraditar al testigo principal, del gobierno contra el señor García Luna, Jesús Zambada”, dice un fragmento del documento de moción de la cual el diario Milenio tuvo acceso.
Genaro García Luna compró a periodistas y a medios mexicanos para evitar que se le exhibiera con notas negativas sobre él, según alegatos de los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El pasado 15 de junio, los fiscales señalaron que García Luna planeaba ejercer violencia y manipular a testigos que hablarán en contra suya. Las autoridades grabaron la conversación y presentaron documentos en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar a otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que se lo entregara a García Luna.
Los documentos de la corte agregan, además, amenazas contra un periodista crítico y la compra de organizaciones mediáticas para que no se hablara mal de él. En los documentos públicos no se habla de qué periodistas fueron comprados y cuáles medios mexicanos optaron por el silencio a cambio del dinero de Genaro García Luna.
En un apartado de la nueva evidencia contra el hombre fuerte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se dice: “En el juicio, el Gobierno [de Estados Unidos] busca agregar evidencia de que, durante un periodo de tiempo, el acusado amenazó, acosó y sobornó periodistas [mexicanos] porque investigaron sus crímenes”.
“En particular –agregan los documentos agregados en la corte–, el Gobierno busca introducir evidencia [al juicio] en el sentido de que, entre 2008 y 2013 aproximadamente, el acusado puso en la mira a un periodista en una campaña de varios años para acosarlo y amenazarlo como resultado de su trabajo de investigación en contra de él.
El Gobierno también busca introducir evidencia de que, entre 2009 y 2010, aproximadamente, el acusado [Genaro García Luna] usó dinero obtenido de sus esquemas de corrupción para pagar sobornos a una organización periodística [mexicana] para evitar que periodistas de esa organización publicaran notas negativas sobre él”, señala el documento.
El caso
A mediados de junio, la Fiscalía presentó una moción para introducir nueva evidencia. Afirmó que cuenta con grabaciones donde consta que García Luna intentó silenciar a un testigo que podría rendir su testimonio en este caso.
“El acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de los testigos de cargo, y se refirió al menos a un testigo por su nombre. Específicamente, el gobierno busca presentar evidencia de que en el otoño de 2020, (…) deseaba dañar a los testigos en su contra”, aseguró la fiscalía.
El pasado 5 de julio, el juez federal Brian Cogan, quien lleva el caso, aprobó la solicitud de la fiscalía para un jurado anónimo y parcialmente aislado en el juicio contra García Luna, programado para iniciar el próximo 20 de octubre en Nueva York.
La determinación del juez tomó en consideración los argumentos presentados por los fiscales, sobre la necesidad de proteger la “integridad” del juicio ante las acciones que podría emprender el exfuncionario en contra de los testigos y de los miembros del jurado.
García Luna, quien fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, está acusado de haber utilizado su poder como funcionario público durante el sexenio de Felipe Calderón, para exportar cocaína en complicidad con el Cártel de Sinaloa, a cambio de haber recibido sobornos multimillonarios.
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CAB