La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, con el recorte del 75% del gasto operativo
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó a través de un comunicado que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
En comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, dado que no es propietaria de ninguno de los inmuebles en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.
Además, heredados por administraciones anteriores, enfrentan 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
Aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
Esto sin considerar, según la dependencia, su obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Ante dicho panorama, precisaron que los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para su operación, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
?Reporte CEAV
— CEAV (@CEAVmex) June 2, 2020
La @CEAVmex resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, con el recorte del 75% del gasto operativo, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal.
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Así, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enlistó algunos ejemplos del impacto que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales:
- El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP. Solo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
- El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
- Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
- El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias.
- La reducción del 30 % de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
- No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
- Las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.
- El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos, y sin defensa legal, incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
- No habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación.
- No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos.
- Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
- Quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos.
- No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno.
- Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.
- Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.
- Se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.
IPR
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