La CNDH denunció a 114 servidores públicos del orden federal y cinco del estatal por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó seis denuncias penales contra 235 servidores públicos y 12 denuncias administrativas contra 140 de los ámbitos federal y estatal, tras la recomendación por violaciones graves a derechos humanos en el caso Iguala.
Las denuncias penales se presentaron el 22 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 82 servidores públicos del orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial y realizaron actos u omisiones, posiblemente constitutivos de delito.
También contra 114 servidores públicos del orden federal y cinco del estatal por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante, detención arbitraria y otras violaciones en 65 casos en donde la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos, y se les denunció por la vía administrativa.
Destaca la denuncia penal ante la FGR por acciones u omisiones, posiblemente constitutivas de delito, identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el detenido Agustín García Reyes alias “El Chereje” en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.
Denuncias contra PGR
Además, hay dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero y de la entonces PGR por no realizar oportunamente diligencias de investigación relacionadas con los autobuses Costa Line 2513 y Estrella Roja 3278, utilizados por los normalistas.
Las denuncias administrativas se presentaron contra 131 servidores públicos federales y nueve estatales por incumplimiento de obligaciones en la investigación de los hechos de Iguala.
De ellas siete fueron presentadas ante la Secretaría de la Función Pública y una en cada caso ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y la Contraloría Interna en la Fiscalía General de Guerrero.
También ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Denuncia por desaparición de normalistas en Puente del Chipote
Detalló que entre las denuncias está la presentada contra el personal policial a cargo de la Estación Iguala de la Policía Federal y de dos agentes de dicha corporación.
Ello por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el Puente del Chipote y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos. También se les denunció por incumplimiento de los Deberes del Régimen Disciplinario ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.
Caso Carlos Canto
Respecto del caso de Carlos Canto Salgado señaló que el 21 de junio conoció el video donde se observa que dicha persona fue sometida a actos de tortura, material que constituye prueba superveniente, fue incorporado al expediente y, en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR.
Indicó que la FGR deberá determinar y confirmar lo que esa persona narra, aunque con referencias indirectas, pues podría guardar relación y congruencia con la ruta de desaparición adicional de los normalistas descubierta por la CNDH que parte del Puente del Chipote de Iguala.
“Lo dicho por Carlos Canto Salgado en ese video no trastoca sino, por el contrario, va en el sentido de las conclusiones de la CNDH en su Recomendación”, subrayó el organismo.
Denuncia por fallas de cámaras de vigilancia
Entre otros aspectos, la CNDH agregó que fue presentada una denuncia administrativa contra personal adscrito a la entonces Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, dependiente en ese entonces del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Guerrero.
Lo anterior por incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, pues quedó establecido que de las 25 cámaras de vigilancia instaladas en el municipio Iguala sólo funcionaban cuatro.
Más adelante, también expresó su beneplácito a la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR y a la designación de su titular, y reiteró su disposición para colaborar con toda instancia para llegar a la verdad de este caso.
La CNDH reiteró que da estricto, riguroso y detallado seguimiento a la Recomendación 15VG/2018 del caso Iguala, con el fin de que se cumpla puntual y en forma cabal con todas y cada una de las 224 propuestas de investigación planteadas y los 128 puntos recomendatorios formulados.
Entre las propuestas, añadió, está la dictaminación pericial en materia de genética forense de 114 restos óseos y odontológicos recuperados en el Vertedero de Cocula y en el Río San Juan, para que lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no se repita y no quede en la impunidad.
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