Carles Puigdemont comparecerá este lunes ante un juez en Alemania, país donde fue detenido bajo una orden de busca y captura europea y que deberá determinar si lo extradita a España por “rebelión”
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá el lunes ante la justicia de Alemania para una vista preliminar que decidirá si sigue detenido en el inicio de un proceso de extradición a España que podría demorarse semanas.
La vista a puerta cerrada tendrá lugar un día después de una jornada de movilizaciones y disturbios en la región del noreste de España tras la detención de Puigdemont, en base a una orden europea, tras entrar a Alemania procedente de Dinamarca. Decenas de miles de personas protestaron el domingo por la tarde en Barcelona y otras localidades catalanas, y algunos manifestantes se enfrentaron con la policía antimotines.
El Tribunal Supremo español acusó a Puigdemont, de 55 años, de rebelión y de malversación de fondos públicos para organizar un ilegalizado referéndum sobre la independencia de Cataluña.
La fiscalía del estado de Schleswig-Holstein, en el norte del país, no dijo dónde se celebrará la comparecencia judicial del lunes y no había indicios de cuándo podría llevarse a cabo. La vista permitirá a la corte reconocer formalmente la identidad de Puigdemont y determinar si seguirá detenido de forma preliminar, explicó la portavoz de la fiscalía, Wiebke Hoffelner.
Un tribunal estatal de Schleswig dictaminará más tarde si arresta formalmente a Puigdemont antes de su extradición en base a la documentación presentada por España. Funcionarios del gobierno alemán hicieron hincapié en que el caso depende de las autoridades judiciales, pero declinaron aclarar si el gobierno podría anular el fallo judicial.
Las leyes europeas contemplan un plazo de 60 días, a contar desde la detención del sospechoso, para decidir sobre la extradición, aunque es posible una prórroga de 30 días más, dijo la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krueger.
Puigdemont fue trasladado el domingo a un penal en la localidad de Neumuenster, dijo la agencia de noticias alemana dpa.
España está inmersa en su peor crisis política en décadas desde que el gobierno catalán encabezado por Puigdemont ignoró la prohibición de un juez y celebró un referéndum sobre la independencia de la región nororiental el pasado octubre.
La posterior declaración de independencia del Parlamento de Cataluña no obtuvo reconocimiento internacional alguno y provocó que el gobierno centra en Madrid asumiese las competencias del ejecutivo regional.
En un primer momento, España solicitó la extradición del ex presidente regional a Bélgica, donde se refugió tras huir del país en octubre, pero más tarde retiró el pedido a hasta que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena concluyó su pesquisa esta semana. El magistrado decretó que un total de 25 políticos y líderes del movimiento independentista catalán sean juzgados por delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
En este tiempo, Puigdemont pudo viajar libremente a Dinamarca, Suiza y Finlandia, en un intento por lograr respaldo internacional para el movimiento secesionista.
La orden internacional para su detención se reactivó el viernes, cuando estaba de visita en Finlandia. España también emitió órdenes para la detención de otros cinco políticos independentistas que huyeron del país.
No estuvo claro de inmediato por qué Puigdemont no fue detenido antes en su viaje en coche desde Finlandia a Bélgica. Las autoridades que reciben una orden de detención europea deben chequear si el delito del que está acusado el sospechoso equivale a alguno del código penal del país donde se efectúa el arresto.
La legislación alemana, al contrario que la belga, contempla un delito comparable al de rebelión, la principal acusación contra Puigdemont, que contempla penas de cárcel para quien “emprenda, por medio de la fuerza o amenazas” medidas para socavar la existencia de la república o alterar el orden constitucional.
Puigdemont y otros secesionistas catalanes argumentan que su movimiento ha sido totalmente pacífico.
La policía criminal de Alemania fue informada el viernes sobre la orden de detención y, en paralelo, el funcionario de enlace en Madrid fue informado de que Puigdemont podría entrar al país, explicó el vocero del Ministerio del Interior de Alemania, Johannes Dimroth.
En “términos abstractos”, el expresidente catalán podría solicitar asilo ante las autoridades germanas porque todo el mundo puede presentar una solicitud de ese tipo, dijo Dimroth, agregando que no podía pronunciarse sobre la probabilidad de que le sea concedido o de que pueda llegar a pedirlo.
El abogado de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, dijo a la televisora VRT que el caso supone un “flagrante abuso por parte de España de la orden de detención europea para un propósito político, algo que es totalmente ilegal”.
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