El gobernador aseguró que el contrato forma parte de un esquema fraudulento de arrendamientos empleado por la administración pasada
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, pagó 19.5 millones de dólares a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
Lo anterior, por la renta de un equipo de espionaje con el que montó una red en el estado, aunque reconoció que no se sabe a quiénes vigilaba ni con qué objeto.
En conferencia de prensa, el actual gobernador detalló que la administración pasada firmó un contrato de monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, para lo que se utilizaron 12 computadoras. Dijo que los equipos fueron retirados porque una parte del contrato no se pagó.
“Este es un contrato muy grande. Efectivamente todo indica que es de espionaje porque se establece que se instalarán doce terminales para estar monitoreando, por lo que aquí se indica, las direcciones de IP, o sea, de Facebook, WhatsApp (…) De 19 mil 500 millones de dólares es el contrato. Y por supuesto que forma parte de las investigaciones que estamos realizando. Tenemos bien ubicado el contrato”, añadió el actual Gobernador.
Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada Administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
“Entendemos que una parte del contrato se pagó y otra no. Y se retiraron los equipos, por tanto, es un contrato donde no está determinado cómo establecieron ese monto de 19 millones de dólares. Qué reportes tenían que entregar. Lo que detectamos es que el Gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base a arrendamientos, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo, los equipos de salud”, agregó.
Según detalló, el contrato fue firmado en 2017 por el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, con la empresa Integra Software, representada por Raúl García Palacios. Aclaró que no se encontró en la casa de gobierno ni en instalaciones del gobierno dispositivos de espionaje.
En conferencia de prensa, el mandatario michoacano señaló que el gobierno de Aureoles utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento.
En ese sentido, mencionó que la administración pasada rentaba patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.
También podría interesarte: Referido a caso de Inés Gómez Mont, AMLO descarta cederá a evasión fiscal
Dijo que el costo de las rentas era hasta seis veces más caro que los servicios arrendados, por lo que su gobierno inició una investigación al respecto, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.
Este lunes, el columnista de El Universal, Salvador García Soto, aseguró que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 y la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales, con un primer pago de 7 millones de dólares.
“De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese ‘sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP’, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas“, señaló García Soto
Al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a la conductora Inés Gómez Mont, las autoridades federales les atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
Sobre ambos pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Además, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de localización para la pareja, por lo que son buscados en 190 países.
Contenido relacionado:
Inés Gómez Mont promueve amparo ante caso distinto a orden de aprehensión
CAB
