Jorge Winckler fue detenido el pasado 25 de julio en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de estar prófugo de la justicia por más de tres años
La Fiscalía General de Veracruz informó que durante la audiencia de este domingo se vinculó a proceso a Jorge Winckler, exfiscal del estado, detenido la semana pasada.
En un comunicado, la dependencia detalló que el exfuncionario está acusado por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro.
“Obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, exfiscal general del estado”, señaló en un comunicado.
En la audiencia que se programó para este domingo a las 12:00 horas, el juez también confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y cinco meses para la investigación complementaria.
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Winckler fue detenido el pasado lunes, de acuerdo con la Fiscalía estatal, el arresto se llevó a cabo en el municipio de Puerto Escondido, Oaxaca, en colaboración con elementos de la Sedena, CNI y Conase, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Policía Ministerial de Veracruz.
El exfiscal llevaba prófugo de la justicia por los delitos mencionados desde el año 2019, mismo en el que se giró una orden aprehensión en su contra y que fue destituido de su cargo por el Congreso de Veracruz.
El martes se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, la Fiscalía informó que obtuvo del juez con sede en Pacho Viejo la imputación contra el ex funcionario, quien es considerado un objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz.
Jorge Winckler también ha pedido que las audiencias sobre su caso sean públicas y acusó que es víctima de una persecución penal.
Jorge Winckler
El exfiscal General de Veracruz estuvo en el cargo del 30 de diciembre 2016 al 3 de septiembre de 2019, pero en marzo de 2020 fue separado definitivamente del cargo luego de que el Congreso local aprobara por mayoría un Proyecto de Punto de Acuerdo puesto a consideración por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En el Proyecto, que obtuvo 33 votos a favor y 12 en contra, las y los diputados especificaron que Winckler Ortiz no cumplió con las tareas designadas en la Constitución para el cargo desde su nombramiento.
Lo aprobado por la LXV Legislatura veracruzana establecía que, al no cumplir con sus labores, Jorge Winckler violó el derecho que tiene la sociedad de tener certeza de que quien ocupa el cargo de Fiscal es sometido evaluaciones y certificaciones, sin embargo, no cumplía con el requisito de revalidación de confianza.
El 1 de diciembre de 2019, en su campaña a la gubernatura, el morenista Cuitláhuac García señaló al exfiscal de Veracruz por sus supuestas ligas con el crimen organizado y por su parcialidad a la hora de juzgar delincuentes, lo cuál influyó en la escalada de violencia en la entidad, que heredó el panista Miguel Ángel Yunes, esto fue luego de la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de agosto de ese año.
Winckler fue elegido como Fiscal General en la entidad por el anterior Congreso, entonces de mayoría panista y priista, a finales de 2016 y por nueve años, cuando aún Yunes Linares era Gobernador. Los críticos de ese Gobierno lo consideraron no sólo una imposición, sino una jugada política del mandatario local para cubrirse la espalda.
En mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señaló que el Fiscal Winckler y el Fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, habían cometido actos de tortura y tratos crueles en contra de una persona inocente: “Es aterrador pensar que las autoridades encargadas de protegernos y procurar justicia cometen este tipo de delitos”.
Dos meses después, los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en Veracruz, interpusieron una segunda demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Winckler por presunta dilatación de la justicia y ocultar órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial contra presuntos criminales.
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CAB
