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Un grupo de aproximadamente 200 personas realiza una protesta para demandar la liberación de cinco detenidos acusados de portar armas.
En Acapulco, Guerrero, un contingente de policías comunitarios y comandantes bloqueó el bulevar de Las Naciones durante tres horas, exigiendo la liberación de cinco de sus compañeros detenidos el 16 de febrero. Estos miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitarias (CRAC-PC) fueron arrestados en la carretera Tlapa-Marquelia, acusados de portar armas mientras realizaban una misión humanitaria.
El grupo de policías comunitarios fue detenido cuando trasladaban a una persona herida al hospital de Tlapa, una acción que la CRAC considera un acto de auxilio y no un crimen. Los detenidos, pertenecientes a la Policía Comunitaria Original, argumentan que solo portaban armas de bajo calibre, permitidas por las leyes locales, y que no habían salido de su territorio.
Martin Rosales Sierra, Consejero Regional de la CRAC, enfatizó que el grupo de policías comunitarios actuaba en función de un servicio humanitario, lo que debería eximirlos de cualquier acusación. Según las normativas, las armas que pueden portar son limitadas y no pueden salir fuera de su territorio con ellas, lo que genera controversia sobre la naturaleza de su detención.
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Los manifestantes realizaron el bloqueo frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación, instando a las autoridades a revisar el caso de los detenidos. La acción dejó claro el descontento de la comunidad con las autoridades federales y la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo las detenciones.
La Policía Comunitaria, que surgió hace 29 años en Guerrero, tiene un enfoque de justicia comunitaria, y este incidente subraya la tensión entre las autoridades estatales y las prácticas locales de seguridad. La resolución del caso de los cinco detenidos podría tener implicaciones en las relaciones entre la policía comunitaria y las autoridades federales.