No hay muchas señales de los montos de gasto e ingreso en la Ley Federal de Egresos e Ingresos de la Federación 2025; aunque hay tiempo suficiente para presentar el presupuesto ante la Cámara de Diputados, el casi seguro presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública, Alfonso Ramírez Cuellar, aventuró un número que fundamenta la posibilidad de que el secretario de hacienda, Rogelio Ramírez de la O, decida “tirar el arpa”: un gasto superior de 10 billones de pesos en 2025 como dijo Ramírez Cuellar, significa asumir que las finanzas públicas vivirán con un déficit crónico e irresoluble.
Asumir que el gasto público para el año que viene, en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, representa que se mantendrá la tendencia de aumento inercial ya sin considerar el compromiso del titular de hacienda ante inversionistas globales de una reducción de déficit anual en 3 puntos porcentuales del PIB, es decir una contención -o recorte- de casi un billón de pesos sólo para abrir boca.
Sin esa contención de gasto corriente y de inversión pública, es inminente que las calificadoras de crédito bajarán a nivel de bonos basura las emisiones de valores gubernamentales. En las nuevas mañaneras se podrá preguntar “¿y dónde estaban las calificadoras cuando existía corrupción neoliberal?” pero el resultado será el mismo: encarecimiento financiamiento para la renovación de las líneas revolventes de bonos y créditos o nuevas emisiones. La SHCP prevé conservadoramente, sin considerar tales alzas, que en 2025 México acumulará una deuda global de 17 billones de pesos… ello en un contexto de cuasi estancamiento económico.
De lado de los ingresos siempre habrá manera de apretar a los contribuyentes a través de la siempre temida “miscelánea fiscal”, misma que será aprobada dócilmente por la mayoría oficial en el Congreso: pero diga lo que digan las bancadas pastoreadas por Ricardo Monreal, tales medidas desincentivan la actividad económica formal y envían a las personas hacia los mercados informales donde no hay impuestos pero están, y sin derecho alguno a exigir, los cobros del crimen organizado. Extraer mas dinero de las grandes empresas es perforar en pozo seco.
Entonces “el recorte” parece inminente. Una palabra tan fea como “neoliberal” que puso en boga Carlos Salinas de Gortari. Sheinbaum sabe, como Andrés Manuel López Obrador, que recortar los gastos sociales sobre los que se finca la popularidad el obradorato resultaría suicida en términos políticos.
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¿Recortar los 4 mil millones de dólares que aún falta para la refinería de Dos Bocas? Imposible. ¿Retirar el subsidio a Tren Maya, Corredor Interoceánico, al AIFA, que el sector salud siga en condición mendicante? Tampoco parece viable.
¿O contener las transferencias a los gobiernos estatales hoy mayoritariamente de Morena y aliados? Tampoco parece aconsejable conforme a la estructura de poder construida.
Pero si el nuevo gobierno no quiere enfrentarse a una descalificación crediticia que asfixie al gobierno, alguien o algunos pagarán el “ajuste” o “recorte”, quieran o no.
Atajan el cobro de piso… presidencial
El posicionamiento publicado ayer por Grupo Elektra en torno a la aceptación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus recursos de revisión contra sentencias para obligarle a pagar una doble tributación (de los ejercicios fiscales 2008 y 2013) por evidentes vicios de inconstitucionalidad (como las exhibidas por el magistrado Fernando Silva García en torno a los abusos del SAT que trasgreden el principio constitucional de proporcionalidad tributaria), marca un claro “hasta aquí” de la corte que encabeza Norma Piña hacia los excesos del poder presidencial.
Son sabidas y ampliamente documentados los casos en que las expresiones de López Obrador en sus conferencias matutinas derivaron en presiones directas a empresas nacionales e internacionales a pagar tributo sin haber sido concluido el proceso legal. Bimbo, BBVA, Walmart, Grupo México, Femsa, Telra Realty, son tan sólo unos cuantos nombres de empresas y corporativos que fueron llevados a pagar bajo figuras inconstitucionales.
El presidente federal saliente quería llevarse “de regalo” las sentencias contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
No lo logró y por ello nuevas invectivas desde el púlpito palaciego contra el presidente de Grupo Salinas y los constantes ataques a los ministros de la SCJN que no se rindieron a sus presiones… una indebida intromisión contra uno de los poderes de una República que aún se defiende.
Por ello, el ataque presidencial constante al poder judicial con información falsa provista por sus colaboradores fiscales, señala Elektra, muestra que “con ello, el SAT sigue demostrando sus prejuicios, hostilidad política y oscuras intenciones frente a los temas que están vinculados a Grupo Salinas; poco les importa la ley, solo buscan el rédito político y económico de sus cobros dobles e ilegales”.
La Agencia y el “adiós” de Jorge Nuño
Ayer, en la última semana al frente de la SICT. Ya prácticamente en su última semana como titular de la SICT, Jorge Nuño Lara, ofreció una interesante conferencia en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM); una visita de cortesía y agradecimiento a quienes lo acogieron y lo orientaron este sexenio como buen economista…y que terminó por ser un buen ingeniero.
Ahí habló de los resultados que obtuvo, pese a la cortedad de recursos, en impulsar caminos, carreteras y autopistas, así como culminando obras inconclusas como la Oaxaca-Huatulco. “El objetivo no es terminar obras, sino generar valor social a través de estas obras. Las obras son sólo un vehículo con el que vamos a poder lograr el fin último que está en el tiempo”, dijo ante el gremio que representa Mauricio Jessurun.
Esas reflexiones llenaron el auditorio con de un ambiente nostálgico… pero por no mucho tiempo.
Y es que ya se formó la Agencia de Planeación de Infraestructura en la que Nuño Lara tendrá un papel central en los próximos años.
Por: Mauricio Flores
@mfloresarellano
floresarellanomauricio@gmail.com
