Luego de dos años del asesinato de Mahsa Amini, las autoridades de Irán se han ensañado con las manifestantes y con poblaciones kurdas, afirman oenegés
A dos de que se iniciaran las protestas denominadas Mujer, vida, libertad, luego de la muerte bajo custodia ilegal de la joven iraní Jina Mahsa Amini, el gobierno de Irán ha aumentado sus esfuerzos para reprimir los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas así como para aplastar las iniciativas de activismo femenino que aún existen, señaló Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el país medioriental.
Mahsa Amini tenía 22 años cuando fue detenida por la policía de la moral iraní en Teherán el 13 de septiembre de 2022 por presunto incumplimiento de las leyes nacionales sobre el velo, o hiyab, obligatorio.
Su muerte bajo custodia policial desencadenó una oleada de protestas que se extendió por todo el país. La misión indicó que, aunque las protestas masivas han remitido desde entonces, el desafío incesante de mujeres y niñas es un recordatorio continuo de que siguen viviendo en un sistema que las relega a “ciudadanas de segunda clase”.
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Desde abril de este 2024, las autoridades estatales han “incrementado las medidas y políticas represivas a través del denominado Plan Noor (noor significa luz en persa), fomentando, sancionando y respaldando las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas que hacen caso omiso del hiyab obligatorio”, según la actualización de la misión.
La entidad de las Naciones Unidas detalló que las fuerzas de seguridad han intensificado aún más los patrones preexistentes de violencia física, incluyendo golpes, patadas y bofetadas a mujeres y niñas que no cumplen con las leyes y reglamentos obligatorios del hiyab, vestimenta tradicional.
Simultáneamente, las autoridades estatales han reforzado la vigilancia tanto en el ámbito público como en el privado, incluidos los vehículos y los drones, explicó la ONU.
Legislación punitiva
La misión también hizo referencia a un proyecto de ley sobre hiyab y castidad, que se encuentra en las últimas fases de aprobación ante el Consejo de Guardianes de Irán.
La legislación prevé penas más severas para las mujeres que no lleven el hiyab obligatorio, incluidas multas exorbitantes, penas de prisión más largas, restricciones de oportunidades laborales y educativas, y de movilidad.
Según el último recuento de Amnistía Internacional desde que sucedió el asesinato de Amini, más de 500 personas han muerto y se calcula que 22 mil han sido detenidas por las autoridades iraníes, “muchas de ellas mujeres y al menos 41 niñas y niños.
“Otras muchas han sido sometidas a tortura, desaparición forzada o juicios injustos. Además, varias personas han sido ejecutadas. Todo con un claro objetivo: intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”, añadió la oenegé.
Además, en Irán, afirmó la ONU, “se expresa profunda preocupación por una aparente nueva pauta de condenas a muerte de mujeres activistas, entre ellas algunas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, tras ser declaradas culpables de delitos contra la seguridad nacional”.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que, “desde principios de septiembre de 2024, las autoridades iraníes habrían intensificado las medidas de seguridad, en particular en las regiones kurdas como Saqqez, la ciudad natal de Amini”.
HRW consignó que, según informes de organizaciones locales de derechos humanos, las fuerzas de seguridad están controlando estrictamente las carreteras que rodean el cementerio de Aichi, donde está enterrada la joven de origen kurdo.
En este contexto, un grupo de 34 presas iraníes emplazó a huelga de hambre indefinida hace una semana para ser escuchadas ante la represión.
Revictimización
Según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán, el pasado 15 de septiembre, Ahmad Hassan-Zadeh, el padre de Mohammad Hassan-Zadeh, quien fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad en Bukan en noviembre de 2022, fue detenido por las fuerzas de seguridad iraníes y trasladado a un lugar desconocido.
Familiares de víctimas y activistas son constantemente asediados en Irán.