En el mosaico de la historia contemporánea de México, un patrón sombrío y perturbador se ha tejido con hilos de violencia, dolor y desesperación.
La generación perdida. El reclutamiento masivo de niños y adolescentes por parte de los grupos delictivos es un síntoma preocupante de una sociedad que ha sido abandonada por décadas de negligencia y corrupción. Estos jóvenes, atrapados en un ciclo de violencia y desesperanza, representan una generación perdida cuyas oportunidades y sueños se esfuman como humo de una alcantarilla.
Hablamos de una generación perdida que creció en un paisaje de marginación y brutalidad. Hemingway, al popularizar el término, hablaba de la desorientación postguerra y los horrores vistos en el campo de batalla hace casi cien años. Se romantiza el sacrificio militar de las generaciones pasadas, pero nadie hablar del costo social que llevamos pagando todos los mexicanos desde hace ya 18 años. Camino a la escuela era perfectamente normal ver a personas colgadas de puentes, entambados, sumergidos en ríos de sangre que corren como agua en la lluvia. Nuestra generación, más que indignación, presenta una terrible resignación ante la única realidad que hemos conocido.
Citando a Hector de Mauleón, vivimos el año más violento desde que se mide la violencia. Vivimos el mes más violento desde que se mide la violencia. Vivimos la semana más violenta desde que se mide la violencia, el fin de semana más violento desde que se mide la violencia, el día más violento desde que se mide la violencia, y todo en este sexenio. El número de muertes violentas rebasa ya todo lo imaginable; más de 184,000 muertes violentas en los poco más de cinco años que lleva el gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador. El legado de este gobierno va a ser uno de negación, de distorsión, y de sangre.
Para cambiar esta realidad, se necesita un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia y la inseguridad. Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, combatir la corrupción en todos los niveles y promover programas de prevención del delito son pasos cruciales en esta dirección. Pero más allá de programas y políticas públicas, se requiere un cambio cultural que promueva valores de justicia, solidaridad y respeto por los derechos humanos. Asimismo se necesita abrir los ojos y exigir un alto a la criminalidad que tanto hemos normalizado.
Hay una completa ausencia de gobernabilidad y asimismo parece ser que este abandono social no le conlleva ni el más mínimo detrimento a la popularidad del partido oficialista. El proceso electoral, que debería ser un ejercicio de democracia y participación ciudadana, se ha convertido en un campo de batalla donde el crimen organizado impone su voluntad a punta de pistola. En solo 7 meses de este proceso electoral, se ha visto el proceso democratico más violento en la historia de México. 386 homicidios, secuestros, y amenazas. Cuando contextualizamos esta violencia con la retrospectiva del proceso electoral del 2021, podemos entender que lo peor apenas está por venir.
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Generalmente la violencia se dispara en los últimos días de cada temporada electoral. El caso más perturbante fue el que ocurrió en Sinaloa para asegurar el triunfo de Morena rumbo a la gubernatura del estado. En Culiacan y Mazatlan, comandos del crimen organizado secuestraron a más de 100 operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional. Tres días antes de las elecciones, comenzaron con el Secretario de Organización, quien coordina los esfuerzos territoriales y la logística electoral. Estos comandos lo levantaron, le pidieron una lista completa de todos los operadores políticos clave en la región y, uno por uno, los fueron privando de su libertad. Todos fueron liberados el día después de las elecciones, efectivamente inhabilitando el despliegue territorial del PRI en los días más críticos del proceso electoral.
En Taxco, Guerrero, todas las organizaciones urbanas y rurales fueron levantadas y llevadas con el Jefe de Plaza, quien les dio la indicación de cuál candidato debía ganar. Les dio números de teléfono para que los distribuyeran entre todos sus agremiados, pidiendo enviar evidencia fotográfica de que habían tachado el recuadro “correcto”.
El caso de Zudikey Rodríguez, velocista olímpica y candidata de la oposición rumbo a la alcaldía de Valle de Bravo, es igualmente escandaloso. En el proceso electoral pasado, fue secuestrada en un mitin y llevada con el cabecilla de la Familia Michoacana. Se le indicó que tenía que cancelar su agenda, cerrar su casa de campaña y ausentarse del resto del proceso electoral o enfrentarse a las consecuencias. Para salvar su vida y las de sus seres más queridos, se retiró de la contienda y ganó la candidata de Morena por un amplio margen. Hoy en día, el comercio en Valle de Bravo está totalmente cooptado por el crimen organizado. Hasta los proveedores de agua y gas están obligados a pagar una cuota mensual para poder operar en la zona.
Estos casos son solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia y perturbadora. La penetración del crimen organizado en la esfera política no solo amenaza la integridad de nuestro sistema democrático, sino que también pone en riesgo la vida y la libertad de quienes se atreven a desafiar su poderío. Exigir elecciones justas y limpias es el primer paso para recuperar una paz que las generaciones actuales jamás han conocido. Si la sociedad mexicana no está lista para manifestar su sentir, para exigir paz por un día, no está lista para solucionar los gravísimos problemas que flagelan nuestra existencia.
Glenn Ernesto Beltrán Padilla
