Por Maribel Soto Díaz
En los albores de un nuevo proceso electoral en el Estado de México, se evidencian los retos inminentes que enfrentamos como sociedad, pero también las oportunidades de reivindicar y fortalecer nuestros compromisos con la democracia y la equidad. La reciente instalación de la mesa política en el estado ha sido un primer paso hacia la garantía de elecciones justas y seguras. Sin embargo, es imperativo que en las próximas mesas de seguridad, que inician este viernes, se ponga especial énfasis en el combate a la violencia política de género en contra de las candidatas.
La violencia política de género no es un tema nuevo, pero sigue siendo profundamente preocupante. A lo largo de los años, hemos visto cómo este tipo de violencia se manifiesta en diferentes formas, desde la intimidación y el acoso hasta la violencia física, afectando desproporcionadamente a las mujeres que buscan participar en el ámbito político. Este fenómeno no solo socava los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la vida política y pública, sino que también empobrece nuestra democracia, limitando la diversidad y la representatividad de las voces que se escuchan en los espacios de decisión.
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Las mesas de seguridad son una plataforma crucial para abordar de manera integral la seguridad de todos los candidatos y candidatas. No obstante, dada la particular vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia política de género, es esencial que se implementen medidas específicas para protegerlas. Esto incluye no solo el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y persecución de estos delitos, sino también la promoción de una cultura de respeto y equidad dentro de los partidos políticos y en la sociedad en general.
El Estado de México tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, mostrando que es posible y necesario combatir la violencia política de género de manera efectiva. Al hacerlo, no solo estaremos protegiendo los derechos de las mujeres a participar en política, sino que también estaremos fortaleciendo nuestra democracia, asegurando que sea verdaderamente inclusiva y representativa.
El compromiso con la seguridad en el proceso electoral no debe limitarse a garantizar la integridad física de los participantes, sino que debe extenderse para proteger su derecho a participar en un ambiente libre de violencia, intimidación y discriminación. La democracia se fortalece cuando todas las voces pueden ser escuchadas sin miedo. Es tiempo de actuar decididamente para que las futuras generaciones de mujeres políticas encuentren un terreno más justo y seguro en el cual contribuir al desarrollo de nuestra sociedad.