La llegada de MORENA al poder a nivel nacional y en Baja California ha sido testigo de un preocupante aumento en los índices de ingobernabilidad e inseguridad en la región. La situación ha llegado a un punto crítico, donde incluso el crimen organizado, en particular los cárteles de las drogas, está adoptando estrategias inusuales, como la colocación de narcomantas con la intención de reducir el tráfico de fentanilo, esto es, “colaborar” de manera tácita con el gobierno para eliminar el trasiego de esta droga en el estado.
La ciudad de Tijuana y todo el estado de Baja California se ven sumidos en esta problemática. Tan solo el 24 de octubre, se registraron ocho narcomantas con amenazas por parte de grupos del crimen organizado hacia otros actores delictivos, con la intención de “limpiar” el mercado del fentanilo. La ciudad fronteriza, en particular, enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. Y durante la redacción de este boletín una narcomanta más acaba de aparecer en Mexicali.
Hasta el 24 de octubre y las primeras horas de hoy, se habían contabilizado 1,544 homicidios dolosos en Tijuana, contribuyendo a una alarmante cifra de más de 4,000 homicidios en los últimos dos años, en la región de Baja California, lo que implica una mala estrategia de seguridad también de la mandataria Montserrat Caballero en la ciudad fronteriza.
En medio de este clima de crisis, la Fiscal del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, y la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitieron declaraciones controvertidas dirigidas al exsecretario de seguridad, Alberto Capella. En dichas declaraciones, se afirmaba que Capella había sido “corrido” de cada uno de sus cargos al frente de las diferentes secretarías en las que había colaborado en México. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que también plantean dudas sobre el compromiso del gobierno estatal y municipal con la búsqueda de la verdad y la transparencia en el ejercicio del poder. Curiosamente ambos personajes en lugar de atender a la pregunta de una periodista, aprovecharon para hacer fuego político contra el abogado y activista Alberto Capella, lo cual fue una terrible idea.
Además, tanto la gobernadora como la fiscal revictimizaron la figura de Sergio López Ibarra, primo de Alberto Capella, quien fue asesinado el pasado fin de semana, al emitir datos erróneos sobre su caso; figura sobre la cual versaba en principio la pregunta del medio de información.
Por otra parte, durante el mandato Alberto Capella como secretario de seguridad pública en el XIX Ayuntamiento de Tijuana, que abarcó desde diciembre de 2007 hasta noviembre de 2008, reporta cifras notables en lo que respecta a la reducción de homicidios dolosos. Durante este período de 12 meses de gestión, se registraron un total de 530 homicidios dolosos en la ciudad, lo que representa un promedio mensual de 44 homicidios. Es relevante destacar que su predecesor en el cargo, quien ocupó la posición durante 24 meses, tuvo un registro de 1,257 homicidios dolosos, con un promedio mensual de 52 homicidios.
En el XX Ayuntamiento de Tijuana, donde también desempeñó el cargo de secretario de seguridad pública desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2013, Alberto Capella mantuvo un enfoque en la reducción de la violencia. Durante su gestión de 26 meses, se registraron 851 homicidios dolosos en la ciudad, lo que equivale a un promedio mensual de 33 homicidios. Nuevamente, su predecesor, quien ocupó la posición durante 28 meses, tuvo un registro más alto, con 1,393 homicidios dolosos y un promedio mensual de 50 homicidios.
Sin embargo, la situación en el actual XXIV Ayuntamiento de Tijuana presenta un panorama preocupante. Durante los 24 meses de administración que abarcan desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2023, se han registrado en promedio 4,000 homicidios, lo que representa un alarmante número de 163 homicidios por mes. Estas cifras subrayan un incremento sustancial de la violencia en la ciudad en comparación con las gestiones anteriores, lo que plantea un desafío significativo en términos de seguridad y gobernabilidad.
El episodio matutino de la gobernadora fue más una provocación que una verdadera postura de gobernabilidad, y ha generado preocupación en la población y en observadores políticos municipales, estatales y nacionales. La dramática escena ante los medios de comunicación ha puesto de manifiesto una pobreza institucional alarmante y ha llevado a cuestionar la eficacia y transparencia del ejercicio gubernamental en la región.
Sin embargo, Alberto Capella, el funcionario señalado, ha respondido a las acusaciones, y declara: “Estimada Gobernadora, sus comentarios cuestionando la ética de un ciudadano activista son lamentables y poco constructivos. En lugar de fomentar un diálogo respetuoso y colaborativo, usted opta por la confrontación y el señalamiento infundado, qué terrible decisión. Resulta irónico que cuestione la ética de un ciudadano que trabaja incansablemente por el bienestar de la sociedad, desde el poder, mientras su gestión gubernamental está llena de decisiones cuestionables y falta de transparencia. Quizás en lugar de poner en duda la ética de los demás, debería centrarse en mejorar su propia administración y en cumplir con las expectativas de los ciudadanos que la eligieron. La verdadera ética reside en la responsabilidad, la integridad y la rendición de cuentas, y es hora de que demuestre su compromiso con estos principios”.
La situación en Baja California, con un alarmante aumento de la violencia y polémicas declaraciones oficiales, plantea un serio desafío para la gobernabilidad y la seguridad en la región, y la población espera respuestas efectivas por parte de sus autoridades.
