Por constantes violaciones a los derechos humanos, la Policía Nacional de Nicaragua es añadida a la lista negra de Estados Unidos.
Luego de que Washington dijera que la Policía Nacional de Nicaragua, está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, agregó a la Institución Policíaca a una lista de control de exportaciones del Gobierno.
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La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones del país, en un reporte anual sobre derechos humanos.
La designación de la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener.
El Departamento de Comercio dijo que agregó a la policía nicaragüense a la lista “por participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.
El informe de derechos humanos de 2022 del Departamento de Estado citó “numerosos reportes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
También criticó la aparente omisión de los funcionarios de Ortega de investigar los delitos presuntamente cometidos por la policía y otras fuerzas de seguridad relacionados con las protestas antigubernamentales, que dejaron al menos 355 muertos.
Durante las elecciones presidenciales de 2021, los principales opositores políticos de Ortega fueron arrestados y se llevaron adelante extendidas acciones contra la disidencia.
Ortega, de 76 años, un exmarxista que ayudó a derrocar una dictadura de derecha a fines de la década de 1970, recuperó el poder en 2007 y enfiló a un cuarto mandato, en una elección ampliamente criticada como una farsa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha estado cada vez más aislado a nivel internacional desde que comenzó a tomar medidas enérgicas contra la disidencia luego de las protestas callejeras que estallaron en 2018. Ortega calificó las protestas como un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega iniciaron en 2018 y resultaron en más de 300 muertes, la mayoría a manos de la policía.