Ante las protestas registradas en Perú, el gobierno de ese país ordenó el cierre de Machu Picchu por temor a daños en futuras manifestaciones
Perú cerró el sábado por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca Machu Picchu, alegando motivos de seguridad ante las protestas en el país que dejaron ya 46 muertos. Éstas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
“Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes”, informó el ministerio de Cultura.
También señaló que la medida regirá “hasta nuevo aviso”.
Daños en el país por las manifestaciones
El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde Cusco hasta Machu Picchu se suspendiera. Esto debido a daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.
Al menos 400 turistas quedaron varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la urbe de piedra incaica que es una joya turística de Perú. En diciembre ocurrió lo mismo.
El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de tránsito de vehículos que la conecte con Cusco. Ésta ubicada a 110 kilómetros.
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Otro muerto, queman comisaría
La Unión Europea (UE) alzó su voz sobre la crisis que se ha cobrado 46 muertos desde diciembre.
La UE “lamenta el gran número de víctimas mortales” y llamó al gobierno y a la oposición “a tomar medidas urgentes para restaurar la calma”.
Este sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno. Así lo informó la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver”, dijo a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de la localidad.
“Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó en un intento por poner coto a la brutalidad policial.
La represión en Ilave, desató la ira de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo a diversos medios locales.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron, además, 10 heridos. Esto según fuentes hospitalarias.
Imágenes en redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 m de altitud cercana al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.
Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.
Policía ingresa a Universidad
En Lima mientras tanto, la policía ingresó masivamente a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos. Para ello rompieron una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban.
Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
“Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa”, dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años. Ésta llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados de la región Puno que llegaron al lugar, como Efraín Sullca, denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores y se desconoce el número de detenidos, los cargos imputados y adónde se los llevará. Los manifestantes habían pernoctado ahí a pesar de la negativa de la institución.
La universidad dijo en un comunicado que la Policía actuó “de oficio” porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves. Asimismo, instó a la comunidad estudiantil a conservar la calma.
Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.
Las autoridades alegan que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a campesinos indígenas del sur.
Las protestas iniciaron tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, después de que intentara disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
El izquierdista Castillo, un ex maestro rural de origen indígena, fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno impuso un estado de emergencia por las protestas en un tercio de las regiones del país y la capital.
La crisis también refleja la inmensa brecha social que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan a Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.
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