Pedro Castillo estaba recluido el jueves en una cárcel especial de una sede policial de Lima, donde permanece preso el exmandatario Alberto Fujimori
El expresidente peruano Pedro Castillo, quien la víspera disolvió ilegalmente el Congreso y fue destituido, permanecía este jueves en una gigantesca sede policial que tiene en su interior una cárcel donde también está preso el exmandatario Alberto Fujimori, quien cerró el Parlamento en 1992, dijo a Reuters una fuente judicial, un día después de que fuera destituido de su cargo en un juicio político.
Las autoridades decidieron trasladar a Castillo por temas de seguridad a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde en un ambiente acondicionado Fujimori cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción, dijo la fuente con conocimiento directo del tema.
La prisión es diferente al resto de las cárceles del país, usualmente hacinadas de presos comunes. Hasta ahora esta cárcel tiene un solo recluso desde 2007, Alberto Fujimori, condenado a 25 años por corrupción y por su responsabilidad en 25 asesinatos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).
La cárcel de 10 mil metros cuadrados tiene varias celdas. La única ocupada es la de Fujimori que cuenta con la habitación donde duerme, un cuarto para recibir visitas, un baño completo, un cuarto para las clases de pintura y una sala de estar. Hay otra celda, ahora vacía, que fue usada durante casi un año entre 2017 y 2018 por el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien cumplió prisión preventiva y está enjuiciado por lavado de activos.
Imágenes de televisión mostraron cuando Castillo, de 53 años, llegaba la noche del miércoles en un helicóptero con sus dos manos juntas bajo un manto oscuro, aparentemente con esposas a la base policial, ubicada en el distrito de Ate en el este de Lima, en medio de extremas medidas de seguridad.
Castillo fue destituido tras un juicio político en el Congreso, después de anunciar la disolución del Parlamento, una decisión que provocó la renuncia de ministros clave y denuncias de un “golpe de Estado” por parte del Poder Legislativo.
Su exvicepresidenta Dina Boluarte prestó juramento como la nueva presidenta, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar el cargo en el país sudamericano.
Tras la destitución de Castillo, la fiscalía peruana informó que se detuvo al exmandatario izquierdista para iniciar las diligencias preliminares por el presunto “delito de rebelión“, al quebrantar el orden constitucional del país, además por el presunto delito de “conspiración” contra el estado.
Castillo había asumido el poder en julio del año pasado luego de ganar unas apretadas elecciones frente a la hija mayor del exmandatario, Keiko Fujimori, una política conservadora que se había resistido por semanas a la derrota.
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Fujimori
Fujimori, de 84 años, es el único reo con condena en una prisión de la base policial construida para la seguridad del exmandatario antes de su extradición desde Chile en el 2007 y previo a su juicio.
El exmandatario Fujimori, que gobernó el país con mano dura entre 1990 y el 2000, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial en 1992, medida que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, en medio de una violenta guerra interna con grupos rebeldes de izquierda y una crisis económica.
Después de protestas de la comunidad internacional, Fujimori realizó unas elecciones legislativas y redactó en 1993 una nueva Constitución, favorable a una economía de libre mercado.
En tanto, la decisión de Castillo provocó el rechazó de las autoridades del Poder Judicial y de las fuerzas armadas que, junto a la policía, marcaron distancias con el exmandatario.
La fuente judicial dijo que si bien ambos expresidentes están en la misma sede de la Diroes, no están juntos. Castillo esta como “detenido en flagrancia” y Fujimori permanece en una celda administrada por el INPE.
“Se prevé el jueves que Castillo brinde su primera declaración formal ante los fiscales en las investigaciones por rebelión y conspiración”, afirmó.
Castillo ha acreditado como abogado a su exprimer ministro Aníbal Torres en el caso.
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CAB
