Quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión, a la defensa en caso de detención
El Congreso de El Salvador extendió por 30 días más un régimen de excepción aprobado el 27 de marzo pasado tras una escalada de los asesinatos atribuida a las pandillas.
La medida, que no fue discutida, se aprobó con 67 votos de los 84 diputados del Congreso, de amplia mayoría oficialista.
De acuerdo con el gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 16 mil personas en la llamada “guerra contra las pandillas“, que cuentan más de 70 mil miembros.
La iniciativa, aprobada principalmente con los votos del partido Oficialista Nuevas Ideas (NI), señala que se mantienen las condiciones que originaron la suspensión de las garantías constitucionales a finales de marzo, pese a que la cifra de asesinatos se controló.
Este régimen mantiene en suspensión, entre otros, el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no la libertad de circulación.
“Es necesario prolongar dicho régimen de excepción“, dado que la “ola de inseguridad” se mantiene “a pesar de las capturas y disminución de homicidios”, señala la solicitud del Gobierno de Bukele.
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Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, 14 mil de los detenidos se encuentran en cárceles y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a 6 mil de los capturados se les ha dictado prisión preventiva por parte del sistema judicial.
El Gobierno de Bukele ha llamado “guerra contra las pandillas” a las diferentes acciones implementadas durante el estado de excepción, que también contemplan la presencia policial y militar en colonias populosas dominadas por las pandillas y patrullajes en diferentes zonas.
Además de esta suspensión de derechos constitucionales, el Congreso ha aprobado reformas de diferentes leyes para el endurecimiento de penas a los pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
También aprobó un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel “cualquier manifestación” que aluda al “control territorial” de las pandillas.
Esta última medida es denunciada por el gremio periodístico que la ha señalado como “reforma mordaza” y de “criminalizar” su labor, postura que organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos comparten.
Las redes sociales, principalmente Twitter, han sido el medio por el cual algunos salvadoreños han denunciado capturas arbitrarias de familiares, en su mayoría hombres jóvenes, durante el estado de excepción, mientras que la prensa local ha reportado la muerte de 4 personas detenidas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.
Organismos internacionales, como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y organizaciones de DDHH nacionales han mostrado su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador.
Según cifras oficiales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70 mil miembros activos en el territorio salvadoreño y hasta la madrugada de este sábado, tras 29 días de operativos antipandillas, la Policía Nacional Civil ha dado cuenta de 16 mil 53 detenidos durante el régimen de excepción. Hasta 590 de estas detenciones ocurrieron el sábado.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas mostró asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 16.000 supuestos pandilleros y personas afines.
De estos, 14 mil se encuentran recluidos en prisiones y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a unos 6.000 detenidos se les ha decretado prisión preventiva por el órgano Judicial, según datos oficiales.
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CAB
