Inés Gómez Mont también busca que se ordene a la FGR revocar la petición a Interpol de una ficha roja para buscarla en distintos países
La conductora de televisión Inés Gómez Mont inició un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que le aqueja por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso también solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) revocar la petición dirigida a la Interpol para emitir una ficha roja para su búsqueda y localización a nivel internacional.
En concreto, la conductora reclama violaciones a sus derechos incluidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución, relacionados con las causas penales 314/2021, 453/2021, 466/2021 y 322/2020.
Hasta la noche de este miércoles el juez todavía no se pronuncia si entrará al estudio del tema, por lo que no hay fecha para la audiencia constitucional y mucho menos alguna suspensión.
Hasta el momento, se desconoce si el esposo de la conductora, Víctor Manuel Álvarez Puga, promovió un amparo contra la mencionada orden de aprehensión.
El 20 de enero pasado la FGR detalló públicamente el caso mediante el cual obtuvo órdenes de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez, además de cinco personas más.
El órgano autónomo añadió que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
La FGR indicó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, inició carpeta de investigación contra de Gómez Mont, Álvarez Puga, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tanto a Gómez Mont como a su esposo Álvarez Puga se les atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
La presentadora de televisión lleva poco más de tres meses sin interactuar en sus redes sociales, pues el 14 de octubre del 2021 publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró tener mucho temor por el actuar de las autoridades en su caso.
Fue informada de que las autoridades buscan librar más órdenes de aprehensión en su contra, “ahora por asuntos fiscales” por temas con los que ya había llegado a acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon). Mencionó que existe una “persecución de mala fe” en su contra y de su esposo.
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Suman tres detenidos por el caso de Inés Gómez Mont
En días recientes la FGR detuvo a Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, implicados en la presunta organización criminal que encabezan Gómez Mont y Álvarez Puga.
En noviembre de 2019 se inició la carpeta de investigación en contra de Gómez Mont y Álvarez Puga, así como de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas por los delitos mencionados.
Las personas mencionadas presuntamente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal por medio de bajar las cargas tributarias y ocultar operaciones, lo que dificultaba el rastreo de los recursos.
Para cumplir su objetivo, señala la investigación, los imputados celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo con el objetivo de lavar dinero.
La organización principal estaba a cargo de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, que operaban con presuntos representantes de personas morales. Durante las indagaciones se supo de la existencia de un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Un segundo grupo, formado por servidores públicos, facilitó ilegalmente recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. Estaba formado por Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de las células se integraba con las demás para incurrir en los delitos que se persiguen. Una de las empresas intervenidas recibió más de 2 mil 500 millones de pesos.
La Fiscalía destacó además dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, expuso la FGR, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que por medio de la asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa antes del inicio de las operaciones delictivas.
La Fiscalía General de la República apuntó que a los principales implicados en este caso se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes.
En el caso de las personas que huyeron del país, entre los que se encuentran Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
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CAB
