Una vez que se desahoguen las pruebas, la corte de Chile tiene cinco días para resolver y emitir la sentencia correspondiente
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó que el delito de enriquecimiento ilícito por el que se busca al exdiputado Mauricio Toledo es extraditable.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que este jueves se está llevando a cabo en la República de Chile el juicio de extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, quien está acusado de enriquecimiento ilícito.
En un mensaje a medios, el funcionario detalló que en el acto judicial que inició a las 6:00 horas (tiempo de México), la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad con los que busca imputarle dicho delito al también exdiputado federal.
Lara precisó que, durante la audiencia, la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como testimoniales y dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan claras las cantidades no justificadas, de conformidad a lo registrado en sus ingresos.
“En su alocución, esa Fiscalía ha expuesto la fundamentación del Gobierno Mexicano con base a disposiciones internacionales, los requisitos formales y de fondo, así como la narración de hechos. Asimismo, ha manifestado la posible acreditación de la doble criminalidad tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable”, precisó
Asimismo, apuntó Lara, el organismo de Chile ha manifestado la posible acreditación de la doble criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes, y la excepción de que no existe persecución política, esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos, y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista.
El funcionario indicó que la representación argumentó que no existe persecución política y que la imputación es porque se trata de un delito de lucro “de alguien que ocupó cargos públicos y que se benefició de ellos y no se le persigue por sus ideas o participación política”.
En este sentido, apuntó, el fiscal de Chile refirió que con motivo de la posible comisión de un delito por parte de Mauricio Toledo, se llevó a cabo el desafuero del requerido en la Cámara de Diputados, por lo que hizo alusión a que integrantes parlamentarios de su propio partido votaron a favor del desafuero y que la votación fue de mayoría.
Además, dijo Lara, el fiscal de aquel país indicó que el imputado es mexicano por lo que no es una excepción no extraditar a un connacional y que se trata de un delito que no está prescrito a la acción penal.
Debido a ello explicó el funcionario mexicano, el fiscal de Chile, invocando un fallo mexicano, reiteró que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo.
Ulises Lara concluyó diciendo que una vez que se desahoguen las pruebas, la corte de Chile tiene cinco días para resolver y emitir la sentencia correspondiente.
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Toledo es requerido por las autoridades mexicanas por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Ulises Lara López, vocero de la fiscalía capitalina, informó el pasado 18 de noviembre que la Fiscalía General de la República presentó en tiempo y forma, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la petición formal de extradición de Toledo, y que esta misma fue transmitida por los conductos diplomáticos al gobierno chileno.
“El pasado 11 de noviembre la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que ya fue entregada a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición de México en contra del exalcalde de Coyoacán”, sostuvo Lara a través de un mensaje en video
El vocero agregó que la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se encuentran en coordinación permanente con la Dirección de Extradiciones de la FGR, con la finalidad de preparar todo lo relativo a su intervención en la audiencia.
Recalcó que la fiscalía espera que el resultado de la audiencia sea favorable, “y permita que próximamente dicha persona sea repatriada y se presente ante el juez de control que lo requiere”.
Luego de identificar que el legislador petista “tiene un patrimonio que resulta incongruente con sus ingresos reportados”, la Fiscalía capitalina determinó que incurrió en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito que, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, fue “acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio, lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados”.
Durante una conferencia de prensa efectuada el 25 de enero de este año se informó que “la persona imputada cuenta con inmuebles cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público. La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del periodo comprendido del 2006 a la fecha”.
En agosto pasado trascendió que la FGR también investigaba a Toledo por movimientos sospechosos por un monto de 578 millones de pesos. Lo anterior, debido a una denuncia interpuesta en abril por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).
Toledo, quien fue jefe delegacional en Coyoacán entre 2012 y 2015, fue desaforado el pasado 11 de agosto por la Cámara de Diputados, tras una solicitud presentada por la fiscalía capitalina.
Durante el proceso de desafuero, el legislador viajó a Chile, presuntamente para atender asuntos familiares. Una vez allá se presentó ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile para ponerse a disposición de la justicia. A través de un comunicado, sostuvo que es víctima de una persecución política.
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