La exlíder birmana fue sentenciada por el delito de incitación contra los militares y por vulnerar la normas de la covid-19
La exlíder birmana depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado 1 de febrero en Birmania (Myanmar).
Se le acusó de incitar disturbios e incumplir las medidas aplicadas para contener la pandemia de Covid-19, en el primer veredicto emitido contra la premio Nobel de la Paz desde que fue detenida tras el golpe de Estado.
Suu Kyi, considerada la líder depuesta del Gobierno, siempre negó los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno, que ha denunciado también las malas condiciones de reclusión.
La sentencia estaba programada inicialmente para la semana pasada, pero un aplazamiento de última hora la retrasó hasta este lunes.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre del año pasado, cuyo resultado anuló y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Desde el golpe militar, las Fuerzas Armadas han perseguido a los antiguos funcionarios y reprimido con dureza las movilizaciones sociales, hasta el punto de que ya serían más de 10 mil las personas detenidas, según la Asociación de Presos Políticos de Myanmar (AAPP).
Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, precisaron que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar la normas de la covid-19.
a violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.
La exmandataria fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b).
El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados.
La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el país con el cargo de consejera de Estado hasta el golpe, y pidió su liberación.
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“La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político”, dijo en un comunicado Bachelet, quien dijo que se trata de una detención arbitraria que también cierra la ventana del diálogo.
El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó por su parte que las sentencias “representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Birmania”. Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y otras ONG también han criticado las sentencias.
“Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania”, indicó
El golpe de Estado sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.
A mediados de octubre, la junta militar puso en libertad a más de 5 mil personas que permanecían en prisión tras su detención durante las protestas que tuvieron lugar tras el golpe de Estado del 1 de febrero en el país asiático.
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CAB
