Los 11 principales fabricantes estadunidenses de armas de fuego respondieron anoche a la demanda civil interpuesta por el gobierno de México
En la sesión de la mañana de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expuso a nombre de México la necesidad de que los países cuyas industrias producen una mayor cantidad de armas de fuego ligeras deben reforzar su regulación para combatir el tráfico ilegal y que éstas no lleguen a grupos del crimen organizado.
Al dar la bienvenida a este debate, en el mes en que México tiene la presidencia de este órgano de la ONU, el funcionario mexicano advirtió que mientras siga el tráfico ilegal de armas de fuego resulta más difícil controlar conflictos y reducir la violencia en el mundo. Señaló que, según cifras oficiales, cada día, alrededor de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas por disparo de arma de fuego en el mundo, y habló de lo que ocurre en Latinoamérica.
“Muchos son los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas, así como sus terribles consecuencias; sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes”, apuntó
El canciller hizo un llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo de manera contundente.
“Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo en sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales”, adujo
En su calidad de presidente del Consejo de Seguridad, Ebrard insistió que el tráfico ilícito y el desvío de armas, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, son una amenaza a la paz y la seguridad.
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Rusia, Siria, Irán e Indonesia se opusieron al debate al considerar que el tráfico ilegal de armas debe discutirse desde la Asamblea General.
En respuesta a la demanda del gobierno mexicano, las 11 armerías estadunidenses presentaron ayer un escrito en bloque con una extensión de 58 páginas, donde solicitaron al juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, que desestime los cargos en su contra.
La fabricante de armas Smith & Wesson Brands pidió desestimar los argumentos alegando que la jurisdicción en Massachusetts no les aplica por tener una licencia federal, además de sostener que no se ha podido establecer un vínculo de responsabilidad claro en el caso.
“La supuesta relación entre los contactos de Sturm, Ruger & Company, Inc. (Ruger) con Massachusetts y las causas de acción del gobierno mexicano contra Ruger son demasiado atenuadas e indirectas para someter a Ruger a una jurisdicción específica”, explicó la defensa
.En el texto de réplica, la fabricante de armas insistió que los alegatos de México también demuestran que el ejercicio de la jurisdicción sobre Ruger en este caso es “irrazonable”.
En la repuesta en bloque, las armerías sugirieron que en lugar de tomar las medidas necesarias como mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la policía y al Ejército, México, en cambio, ha tratado de exhibir a los fabricantes de armas.
Entre los argumentos se encuentra que no hay duda de que los fabricantes de productos peligrosos saben que los usuarios finales pueden emplearlas para dañar a otros; sin embargo, en el caso de México las lesiones son derivadas de terceros, refiriéndose a los cárteles de la droga.
Aseguraron que la ley no puede ser estirada para imponer responsabilidad sobre este abismo llamado tráfico de armas.
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CAB